El liderazgo político mundial, representantes de gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y sectores interesados en el desarrollo, clima y naturaleza, se dieron cita en Bakú, Azerbaiyán, en la Conferencia mundial más grande sobre cambio climático, la COP29.

Este año, la Conferencia centró su atención en las pérdidas y daños, el financiamiento climático y la preparación de una nueva ronda de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). En este contexto, destacó el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños, establecido durante la COP27 en Egipto como parte de los compromisos del Acuerdo de París. Este fondo tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero a los países más vulnerables a los impactos del cambio climático, fortaleciendo su capacidad para enfrentar y recuperarse de los eventos climáticos adversos. 

En ese marco, El Salvador a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante su participación en la COP29, presentó su Estudio de Pérdidas y Daños, una herramienta estratégica para anticiparse a los efectos del cambio climático, que permite medir el impacto económico y no económico de los eventos climáticos extremos y de lento desarrollo en sectores como agricultura, transporte y vivienda, priorizando acciones de resiliencia y sostenibilidad en línea con los compromisos climáticos nacionales e internacionales.

“Los efectos adversos del clima, en nuestro país son cada vez más evidentes, como los cambios en los patrones del ciclo de lluvias, eventos hidrometeorológicos extremos y cada vez más intensos, periodos secos prolongados y aumento en las temperaturas. Estos fenómenos generan pérdidas y daños significativos: desde infraestructura vial hasta medios de vida, afectando cultivos, ganado, ecosistemas, y poniendo en riesgo la vida de nuestras comunidades. Esto se traduce en un impacto económico y social que exige una respuesta inmediata y sostenible”, aseguró el Ministro de Medio Ambiente durante la presentación.

El Estudio, elaborado con el apoyo del PNUD, en el marco de la Iniciativa Climate Promise y a través del Proyecto de Agenda NDC, integró datos de más de 40 años sobre eventos climáticos, analizando específicamente tres sectores prioritarios. En el sector de agricultura, se evaluaron las pérdidas en cultivos, ganadería y ecosistemas relacionados, destacando cómo estos impactos afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, especialmente en comunidades vulnerables.

En el sector de transporte, se analizaron los daños a la infraestructura vial, la cual es fundamental para la conectividad y la economía nacional. Las interrupciones en este sector tienen consecuencias significativas en la movilidad, la logística y el acceso a bienes y servicios, incrementando los costos y afectando a las comunidades en su día a día.

En cuanto a vivienda, el estudio examinó las afectaciones en la infraestructura habitacional, reflejando no solo el impacto económico, sino también el social, al dejar a muchas familias en situaciones de vulnerabilidad. Estas pérdidas tienen un efecto directo en la estabilidad y seguridad de las comunidades más afectadas por eventos climáticos extremos.

Finalmente, se incluyó un análisis del impacto humano, abordando las consecuencias directas sobre las personas, como desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida y alteraciones significativas en las condiciones sociales y económicas. Este enfoque busca visibilizar cómo el cambio climático exacerba las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes.

Con este enfoque integral, el estudio monitorea y anticipa los efectos adversos del cambio climático, a la vez que identifica necesidades financieras específicas para la reconstrucción y recuperación, estableciendo las bases para un desarrollo resiliente y sostenible en línea con los compromisos nacionales e internacionales.

La participación de El Salvador en la COP29, también, permitió el desarrollo del panel de intercambio de experiencias y desafíos para el abordaje de pérdidas y daños, la movilidad humana, los medios de vida y de cómo transformar los desafíos en soluciones innovadoras para las personas. En el Panel participaron expertos del PNUD, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la Dirección de América Latina y el Caribe, Comisión Europea, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana.

El estudio busca fortalecer la capacidad de respuesta del país ante los impactos del cambio climático y anticiparse a sus efectos más adversos, como una guía para que el país adopte de medidas resilientes y sostenibles. Este esfuerzo innovador, respaldado por el PNUD está alineado con los compromisos nacionales e internacionales y responde directamente al llamado urgente de líderes globales, como el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que durante su intervención en la COP29, advirtió: “el sonido que se oye es el tic-tac del reloj. Estamos en la cuenta atrás final para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Y el tiempo no está de nuestro lado”. 

Para el PNUD, fortalecer la resiliencia en todos los sectores es una prioridad, así como salvaguardar la vida y los medios de subsistencia de las personas, impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible, y mitigar de manera efectiva los impactos del cambio climático en beneficio de las personas y el planeta.