La calidad del debate público es uno de los pilares de las democracias modernas, ahora más que nunca, dada la complejidad de las tensiones y múltiples crisis globales que enfrentan nuestras sociedades. No obstante, en la última década este debate ha dado señales claras de deterioro.

Tomemos como ejemplo el Índice de Democracia Deliberativa del instituto Varieties of Democracies que expresa la medida en que la toma de decisiones en un país se basa en un debate público racional, abierto y respetuoso de diferentes puntos de vista. Desde 2011, este índice ha caído un 10 % si consideramos el promedio simple a nivel mundial y casi un 30 % si tomamos el promedio ponderado por el tamaño de la población de cada país.

Detrás de esta tendencia hay múltiples causas, como el aumento de la polarización social y política, el creciente desencanto con los procesos y las instituciones de la democracia y la progresiva reducción de los espacios de participación ciudadana. Pero, sin duda, el empobrecimiento del debate público ha sido profundizado por las consecuencias negativas que están produciendo las transformaciones económicas y tecnológicas sobre los ecosistemas informativos nacionales y globales, incluso las condiciones para una prensa libre y pluralista.

Del 2 al 5 de mayo, en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, expertos de todo el mundo se reunirán en el Uruguay para explorar el impacto de la era digital sobre el periodismo, la libertad de expresión y el acceso a la información con enfoque en el tema “Periodismo bajo asedio digital”. Nos gustaría, entonces, tomar esta oportunidad para considerar la experiencia del Uruguay y reflexionar sobre algunas lecciones aprendidas de relevancia global.

En los últimos años, se han realizado varias iniciativas en el Uruguay para proteger la integridad del ecosistema informativo nacional, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNESCO y otros socios. Una de ellas fue el apoyo a la “Campaña Libre de Noticias Falsas”, que incluyó la firma del primer Pacto Ético contra la Desinformación en América Latina por parte de todas las fuerzas parlamentarias durante las elecciones presidenciales de 2019. Asimismo, se han desarrollado instancias de formación para periodistas y comunicadores de organismos públicos junto a campañas de sensibilización para la ciudadanía.

Estas iniciativas han contribuido a la promoción de un ecosistema informativo más resiliente y de un contexto más propicio a la actividad periodística. Sin embargo, la protección de la libertad de expresión y del acceso a la información, así como la seguridad y viabilidad del periodismo, requieren una comprensión más profunda y un abordaje más adecuado de varias dinámicas en la esfera digital. 

Por esto el PNUD, en alianza con OBSERVACOM, ha desarrollado la iniciativa "Internet, libertad de expresión y acceso a la información en el Uruguay. Aportes para el debate sobre la gobernabilidad democrática en línea", donde promovemos el debate informado sobre el papel de las grandes plataformas de Internet y su impacto sobre la deliberación pública, a través de un rico proceso participativo.

¿Qué nos han dejado estas discusiones?

La moderación de contenidos de las grandes plataformas, que en efecto es una regulación privada de los nuevos espacios públicos, representa un fenómeno altamente problemático. Agravado por la creciente concentración de los servicios de Internet en pocas corporaciones o individuos, esto constituye una amenaza a la deliberación pública y la libertad de expresión en Internet.

Al impacto público que ha supuesto la intervención de estas plataformas, se une un alto nivel de opacidad sobre cómo moderan los contenidos en las redes sociales. Se necesita, entonces, un régimen de mayor transparencia que requiera a las plataformas publicar los criterios que utilizan para el ordenamiento, priorización, reducción de alcance o direccionamiento de contenidos.

Asimismo, los servicios y modelos de negocio de estas plataformas han producido una transferencia de ingresos publicitarios de los medios de comunicación hacia unos pocos intermediarios de Internet. Esta tendencia impacta económicamente en los productores nacionales de contenidos informativos y periodísticos, afectando su sostenibilidad y generando consecuencias negativas para la diversidad y el pluralismo.

Los Estados tienen una clara obligación de aprobar regulaciones para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en línea. Sin embargo, existen riesgos de que esa intervención afecte los derechos que se quieren proteger y efectivamente muchas de las reacciones regulatorias que se han visto hasta el momento son inadecuadas y desproporcionadas.

Frente a ello, hay ciertos acuerdos de la necesidad de avanzar hacia una vía de “co-regulación democrática”, con participación de un amplio abanico de actores, que pueda superar las limitaciones de una autorregulación corporativa a la misma vez que los riesgos de excesos autoritarios relacionados con la sobre intervención gubernamental.

En diciembre de 2021, el PNUD promovió una discusión en el Parlamento del Uruguay sobre los hallazgos de esta iniciativa y se estableció un proceso para dar seguimiento a este debate. Esto fue un importante paso. No obstante, dada la naturaleza transfronteriza de las transformaciones digitales, es necesario trascender lo nacional y generar alianzas globales con el objetivo de poder tener una incidencia efectiva en esta agenda.

Sin dudas es posible generar una propuesta de regulación democrática y progresiva para llevar mayor calidad a las grandes plataformas de Internet, a través de instancias de diálogo participativo, como la que nos ofrece el Dia Internacional de la Libertad de Prensa. Ha llegado el momento de unir esfuerzos para avanzar decididamente en este proceso y asegurar una protección eficaz de la libertad de expresión y un acceso a la información de calidad en la era digital.

Este artículo fue originalmente publicado en El Pais.