Bolivia al igual que el resto de los países de la región no quedó excluida de los impactos del COVID-19, y la pandemia encontró al país en medio de una crisis económica y política producto de las fallidas elecciones presidenciales de octubre 2019. A pesar de haber adoptado medidas oportunas para hacer frente a la pandemia, que ayudaron a ralentizar el crecimiento de la curva epidemiológica al inicio, más tarde no lograron impedir un crecimiento exponencial de los casos, colapsando el sistema sanitario y evidenciando una estructura deficiente del mismo. La paralización por el confinamiento trajo consigo pérdidas laborales, destrucción parcial e incluso total de emprendimientos y consecuentemente pérdida de ingresos. La economía se enfrentó a un shock de oferta y luego a un shock de demanda producto de una disminución del consumo de los hogares. A la fecha y con cuarentenas dinámicas y flexibles el gobierno ha empezado a reabrir la economía inyectando liquidez al sistema financiero, para que éste, a través de créditos pueda impulsar nuevamente la demanda interna.

La pandemia del COVID-19 no solo trajo la crisis, sino que trajo oportunidades y la prisa de empezar a trabajar cuanto antes lo importante, muchas veces no visibilizado o dejado atrás. Esto, relacionado con una sociedad que recupere sus derechos en un nuevo marco de contrato social, más igualitario, inclusivo y justo y con una mirada de progreso para reencaminar los esfuerzos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.