María es salvadoreña, tiene 35 años y tres hijos jóvenes. Creció con su madre, nunca conoció a su padre. Empezó a trabajar a los seis años vendiendo en el Mercado Central de San Salvador. A los 12 años fue violada y tuvo su primer embarazo. Fue expulsada de su hogar cuando su madre se casó por segunda vez, “mi padrastro no quiso hacerse cargo de mí, mucho menos con un hijo”, le dijo a la investigadora para el estudio “Juventudes resilientes, la oportunidad para Centroamérica”, que realiza el Proyecto Regional Infosegura, del PNUD y USAID.

María vivió en diferentes lugares hasta que conoció al padre de su segunda hija, quien años después murió asesinado. Tuvo un tercer hijo, con su tercera pareja, de quien se separó por violencia intrafamiliar. Actualmente, su hijo adolescente vive con su padre, tío y abuela porque ella no podía cuidarlo por su trabajo remunerado que le ocupa todo su tiempo.

María, como todas las mujeres salvadoreñas, tiene una expectativa de vida de 75 años, podemos decir entonces que la mitad de la vida de María ha sido profundamente marcada por las violencias que viven las mujeres en el norte de Centroamérica, una región azotada desde hace dos décadas por la violencia letal sin ser una región en guerra.

Cuando se habla de violencia en la zona norte de Centroamérica, se asume como un problema de hombres jóvenes pues “solamente” el 11% de las víctimas de muertes violentas son mujeres. Pero la historia de María revela que las mujeres de esta región viven cotidianamente otras violencias que las afectan de manera diferenciada por el hecho de ser mujeres, violencias que no son letales, las víctimas sobreviven, pero siguen sometidas a esas violencias de forma reincidente, múltiple y simultánea en el contiuum de sus vidas, con impactos en las familias y comunidades, en su economía y sostenibilidad, en sus capacidades para el desarrollo.

Los datos revelan que, en el país de María, el 93 % de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. El 43.5 % de las víctimas son menores de edad. También sabemos que la violencia intrafamiliar está presente durante toda la adultez de una mujer, también que una mujer entre los 12 y los 50 años corre alto riesgo de ser desaparecida. 3,591 mujeres han sido asesinadas en el periodo 2010 – 2017; y entre 2010 y 2016, otras 2,669 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de estas, el 43.6 % era menor de edad. Estos lo sabemos porque el Estado salvadoreño ha avanzado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana con enfoque de género y ha orientado políticas públicas para garantizar el análisis basado en evidencia.

La migración es un fenómeno que también caracteriza a esta región del mundo, y los datos indican que la violencia contra las mujeres es un factor importante a ser considerado. Al analizar los datos de retornados –migrantes detenidos en tránsito que fueron enviados de regreso a su lugar de origen– sabemos que el 26 % son mujeres, y que 3 de cada 10 manifiestan haber migrado por la violencia, frente al 18 % de los hombres que alegan ese motivo.Cada noviembre, actores nacionales, regionales y globales hacen campaña para erradicar la violencia contra las mujeres, y ahora es urgente que aboguemos para que se reconozca la violencia contra la mujer como un problema crucial de seguridad ciudadana, cuya solución es imprescindible para construir sociedades más cohesivas y pacíficas, y asegurar así que los derechos de la mayoría de la población mundial sean protegidos. Ninguna nación será segura sin que las mujeres vivan y se desarrollen seguras.

Cada noviembre, actores nacionales, regionales y globales hacen campañas para erradicar la violencia contra las mujeres. Es crucial reconocer la violencia contra las mujeres como un elemento esencial de la seguridad ciudadana: abordarla es un paso clave para construir sociedades más cohesionadas y pacíficas. Abordar la violencia social con un enfoque especial en la violencia contra las mujeres debe estar en los fundamentos de las políticas públicas de seguridad ciudadana que tengan como objetivo erradicar todo tipo de violencia. Hay que entender que la violencia cotidiana que viven las mujeres en sus hogares, en las plazas, en las calles es un problema de seguridad para las comunidades y las naciones.

Ninguna nación estará segura a menos que las mujeres puedan vivir de manera segura y desarrollar todo su potencial

En esta línea, la Agenda 2030 ofrece en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera transversal, un modelo de abordaje para procurar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia. Toda la sociedad en su conjunto avanzará con pasos más firmes hacia el desarrollo cuando nadie se quede atrás.

En el PNUD estamos sistematizando las buenas prácticas y las historias de éxito de nuestro trabajo en Centroamérica en el marco del Proyecto Regional Infosegura, en alianza con USAID, que está dedicado al desarrollo de las capacidades estatales para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género. Es por ello que, estamos estableciendo estándares, metodologías y procesos escalables. Una parte esencial del proceso ha sido generar confianza y coordinar nuestro trabajo con las instituciones nacionales que producen y analizan datos, aprovechando las nuevas tecnologías, los expertos nacionales y la innovación. Esta coordinación ha producido hitos regionales en gestión de información con enfoque de género, como las encuestas especializadas e informes estandarizados sobre hechos de violencia contra las mujeres.

En El Salvador, Guatemala o Honduras, entender el contexto de la historia de María con la mayor precisión posible nos permitirá erradicar eficazmente la violencia contra las mujeres, así como todos los demás tipos de violencia. Si los países quieren alcanzar la Agenda 2030, impulsando los beneficios en los ámbitos económico, social y ambiental, solo puede lograrse si nos aseguramos que otras “Marías” no queden excluidas.