América Latina y el Caribe (ALC) han sido impactadas fuertemente por la violencia. Por muchos años la región ha exhibido las tasas más altas de delitos violentos a nivel global, como son los homicidios y los delitos basados en género, alcanzando niveles que pueden ser catalogados de violencia crónica. Además, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía es equiparable a la de los países con conflictos armados, sumado a que las instituciones responsables de la prevención de las distintas formas de violencia e inseguridad experimentan niveles muy bajos de confianza por parte de la población. 

Los problemas de seguridad han afectado, por décadas, el desarrollo sostenible de los países de esta región y han debilitado su democracia y la calidad de su gobernanza. Por ello, resulta comprensible que la seguridad ciudadana se haya convertido en tema prioritario para la agenda regional y en uno de los principales desafíos para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre todo luego de la crisis general provocada por la pandemia.

En ese contexto, el PNUD publicó el informe “Análisis sobre innovación en seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe”. El propósito de este documento es generar conocimiento basado en evidencias desde las experiencias de cinco países y poner a disposición un conjunto de recomendaciones de programación para los países, así como contribuir a consolidar la oferta regional del PNUD en materia de seguridad ciudadana.