El 2021, cierra con más de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país - la crisis migratoria mundial más grande de las últimas décadas-, de los cuales 5.1 millones se encuentran en otro país de la región; según cifras de ACNUR, más de 890.000 personas de los países del norte de Centroamérica y Nicaragua han sido desarraigadas de sus hogares y han buscado refugio en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá; de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero de 2016 y octubre de 2021, más de 980.000 personas, en su mayoría hombres jóvenes, fueron deportadas al Triángulo Norte de Centroamérica. Estas cifras de movilidad humana en América Latina y el Caribe muestran la magnitud y relevancia de este fenómeno.

Las tendencias crecientes de los flujos migratorios mixtos en la región exigen de todos los actores sociales, resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad en contextos desfavorables y marcados por los impactos económicos causados por la pandemia de la COVID-19, la inestabilidad política, el descontento social y los efectos del cambio climático. Estos impactos son mucho más profundos y las respuestas urgentes, en espacios subnacionales.

El punto de partida de este análisis debe ser el reconocimiento de que los efectos más tangibles de la movilidad humana se perciben a nivel local. Es así como tanto las autoridades de los municipios de acogida como las poblaciones que allí habitan son quienes están mejor posicionados para diseñar e implementar conjuntamente las estrategias que permitan integrar a la población migrante y potenciar la triple ganancia de una migración bien gestionada (migrante-comunidad de acogida-país de origen). En estos espacios subnacionales es donde las personas en situación de movilidad humana se convierten en promotores de su propio desarrollo, contribuyendo también al desarrollo local.

Para tener una idea, de los 1.3 millones de venezolanos, que se encuentran en Perú, 1 millón está asentado en Lima Metropolitana, esto significa que de cada 10 personas que viven en esta área, 2 son migrantes venezolanos. En Barranquilla, Colombia, según cifras oficiales, el 8% de su población son migrantes venezolanos y según datos de para el municipio de Maicao en La Guajira, de sus 185.000 habitantes, 40.000 son venezolanos. En Centroamérica, el panorama es muy similar. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, en Puebla se tiene un registro de 35 mil personas migrantes, lo que representa un aumento de 28 por ciento entre el año 2010 y el 2020.

Adicionalmente, cada vez son más frecuentes los flujos migratorios con vocación de larga duración y permanencia, así como una tendencia de crecimiento sostenido de la migración a lo largo y ancho de la región latinoamericana. Por esta razón, desde el PNUD se promueve la necesidad de abordar los flujos migratorios mixtos (emigración, inmigración, retorno, desplazamiento interno, tránsito) desde un enfoque de desarrollo en América Latina, especialmente en Centroamérica. Esta visión hace necesario trabajar en dos frentes: por un lado, en apoyar a las autoridades locales y comunidades de acogida en cómo incorporar a la población en situación de movilidad humana en la planificación de desarrollo, cómo involucrar a actores clave como el sector privado, y en fomentar la cohesión social como un vehículo para disminuir la xenofobia; y por el otro, en empoderar a los mismos migrantes como sujetos activos de su propio desarrollo.

A partir de la experiencia acumulada y de las perspectivas que se vislumbran para 2022, es muy importante capitalizar la oportunidad que representa esta nueva realidad. Esto depende de la acción decidida y coordinada de los diferentes actores involucrados, a través de las siguientes líneas de trabajo:

1.     Promoción de la cooperación sur-sur. Resulta fundamental promover diálogos y transferencia de conocimiento sobre lo que ha funcionado y lo que no, entre municipalidades, países, agremiaciones y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

2.     Localización de la Agenda 2030. Entender que si los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se alcanzan a nivel local permitirá construir portafolios de respuesta coherente y con posibilidades mayores de éxito.

3.     Empoderamiento de la población migrante. Trabajar con las personas debe ser una prioridad de la agenda migratoria en 2022. Es muy importante entender que un migrante empoderado es un migrante que aporta al desarrollo de su lugar de acogida lo cual tiene un efecto directo en la disminución de la xenofobia y discriminación, y por ende en el fortalecimiento de la cohesión social.

Para esto, el PNUD en América Latina y el Caribe ha venido trabajando y dispuesto de una serie de herramientas como Caja de Herramientas Enfrentando los desafíos del desplazamiento forzado (PNUD-ACNUR), la Guía de Planificación de Mujeres Migrantes y Medios de Vida (PNUD), y la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica para migrantes venezolanos y su población de acogida (PNUD-OIT), para acompañar a los países, gobiernos locales, actores nacionales y así como para promover el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a la gestión migratoria; asimismo, seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo con agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y otros socios como el BID, la OCDE y el MPI.

Para PNUD, en la región es urgente la localización de la gestión migratoria enmarcada en un triple nexo que incorpore la atención humanitaria, la promoción del desarrollo y paz, teniendo a las personas y sus derechos en el centro y como una prioridad.

En este Día del Migrante, renovamos nuestro compromiso para seguir generando espacios de diálogo y empoderamiento de la población en condición de movilidad humana tanto con las comunidades de acogida como con las autoridades locales.