En el marco de la conmemoración del  día de los derechos humanos, celebrado el 10 de diciembre en recuerdo de  la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 -  culminaron también los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, iniciados el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. 

En este contexto, es preciso señalar que, pese a su existencia y a los múltiples esfuerzos para erradicar la violencia basada en género en los distintos países, esta sigue siendo una de las principales violaciones de los derechos humanos a nivel mundial, afectando de forma directa a millones de mujeres y niñas y de forma indirecta a sus familias y a la sociedad en general. 

Los datos refieren que la vida de las mujeres está atravesada por la violencia en los distintos ámbitos en que se desenvuelven: el hogar, las escuelas, el espacio público, el entorno laboral, la política, el espacio digital, entre otros, lo que afecta profundamente su bienestar, sus derechos y su capacidad para participar plenamente en la vida social, política y económica.  

Frente a este problema estructural, la existencia de protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia basada en género se vuelve fundamental para asegurar una respuesta eficaz, integral y respetuosa hacia las víctimas de violencia. 

¿Qué son los protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia basada en género?

Son documentos que contienen un conjunto de directrices, normas y procedimientos para abordar de manera efectiva los casos de violencia basada en género, con el fin de prevenir la violencia, proteger los derechos de las víctimas y garantizar una respuesta pronta y adecuada. 

Estos protocolos pueden ser asumidos por instituciones gubernamentales, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o sindicatos, bajo conceptos distintos: protocolos, guías, procedimientos e incluso políticas internas. 

¿Cuál es la importancia de estos protocolos? 

Como es el caso de Panamá[1], usualmente dentro de los países se cuenta con una serie de disposiciones jurídicas que establecen la prohibición de la discriminación y de la violencia basada en género. Sin embargo, no siempre es fácil para quien debe aplicar estas normas hacerlo. Por tanto, los protocolos contribuyen, por un lado, con el entendimiento de las organizaciones sobre la norma establecida en los países, es decir, qué se protege. Y, por el otro, aporta la discusión de quién y cómo debe aplicarse la ley en sus organizaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden agregar las siguientes razones:

• Enfoque integral y respeto de los derechos de las víctimas: Los protocolos aseguran que por un lado se propongan medidas de prevención de la violencia basada en género, para contrarrestar este fenómeno; y, por el otro, se garantiza que las víctimas reciban un apoyo integral en la organización, procurando el trato digno, la confidencialidad, discrecionalidad del trato y la revictimización, al contar con un documento estandarizado. 
• Coordinación interinstitucional y acceso a la justicia: Los protocolos fomentan la colaboración entre diversas instituciones y entidades aliadas para prevenir, atender y sancionar los hechos de violencia, facilitando el acceso a la justicia de las víctimas, tanto a lo interno como a lo externo de la organización.   
• Prevención de la impunidad: La estandarización de la atención, el seguimiento adecuado de los casos y la transparencia asegura la recopilación de pruebas, la protección de la víctima y una actuación eficaz, lo que contribuye a reducir la impunidad y garantizar que las personas responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Contribución del PNUD en la generación de los protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia basada en género en Panamá. 

La estrategia de género del PNUD contempla acciones encaminadas a contribuir a la igualdad de género. Entre estas acciones, la participación plena de las mujeres en todos los espacios en los que se desenvuelven es una de ella. Por tanto, el PNUD ha acompañado a distintas instituciones gubernamentales y empresas privadas a la generación de protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia basada en género, impactando cerca de 50 mil personas.

Esto lo ha realizado mediante el sello de instituciones públicas, el sello del sector privado o SIGénero; el acompañamiento técnico a instituciones que han mostrado su interés para sumar esfuerzos para promover la seguridad de las mujeres, entre otros. 

La experiencia del PNUD en esta materia nos permite compartir algunos elementos clave para que los protocolos sean efectivos:

• Debe haber voluntad política e impulso de las principales autoridades de la organización de donde emerge el protocolo. 
• Los protocolos deben darse teniendo como marco la ley nacional, pero adecuándose a la estructura organizacional en cuanto a su narrativa, autoridades y formas. 
• Es importante realizar diagnósticos que permitan conocer cuál es la comprensión del problema de la violencia basada en género en la organización, establecer una línea base y sobre ella partir en la construcción de un proceso, que tenga como uno de sus resultados el protocolo. 
• Es indispensable comprender que el protocolo debe derivar de un proceso participativo, en donde concurran los distintos niveles de la organización y cuando aplique que sea interinstitucional, con todos los actores involucrados en dar una respuesta. 
• Para que los esfuerzos trasciendan el documento es fundamental que este se aplique conforme a lo que establece, tanto en materia de sensibilización y conciencia interna de los actores involucrados, como a nivel de la atención y sanciones correspondientes. Esto aumentará la confianza en la denuncia y servirá como medida preventiva de estos actos. 
• Es preciso que existan mecanismos de monitoreo, revisión y actualización de su aplicación. 

Reflexión final

En Panamá se han dado esfuerzos importantes a nivel de las instituciones públicas, así como del sector privado, para establecer mecanismos que prevengan, atiendan y sancionen la violencia basada en género en todos los ámbitos. Continuar con su difusión y aplicación es vital para garantizar una respuesta eficaz y coherente con la normativa interna que permita garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

Algunas referencias de Protocolos que el PNUD en Panamá ha acompañado son:

1. Protocolo para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso, Discriminación y Violencia de Género, del Ministerio de Relaciones Exteriores (2024).   Editable_MIRA_formal1.pdf
2. Protocolo Interinstitucional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Vida Pública. (2024).   https://www.undp.org/es/panama/publicaciones/protocolo-interinstitucional-de-prevencion-atencion-sancion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-vida
3. Guía para saber qué es, qué hacer y a dónde acudir si eres víctima de violencia política. (2024).   https://www.undp.org/es/panama/publicaciones/guia-practica-para-saber-que-es-que-hacer-y-donde-acudir-si-eres-victima-de-violencia-politica 
4. Protocolo Interinstitucional para la atención de Mujeres con discapacidad sobrevivientes de violencias. (2024).   https://www.undp.org/es/panama/publicaciones/protocolo-interinstitucional-para-la-atencion-de-mujeres-con-discapacidad-sobrevivientes-de-violencias 
5. Protocolos en el marco del Sello de Instituciones Públicas en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Municipio de Panamá, el Ministerio de Ambiente, el Tribunal Electoral, la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, se cuenta con medidas para prevenir y atender la violencia basada en género en el trabajo, generadas bajo el sello privado en las empresas Argos Panamá, Banesco Panamá, Banistmo, Banco General, Celsia Centroamérica, Empresas Melo, Star5 Creative Inc. y Copa Airlines.

[1]  Entre estas normativas están: la Ley 82 de 2013, que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra; y, Ley 7 de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones