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Aunque el impacto económico de la COVID-19 se sentirá primero en los hogares urbanos de Perú, una mayor proporción de hogares rurales estarían en condición de mayor vulnerabilidad, reveló esta semana el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en uno de sus análisis que forma parte de la serie que realizará frente a esta crisis.
Los especialistas del PNUD analizan en este nuevo informe cómo esta pandemia es una amenaza que interactúa con las vulnerabilidades preexistentes en los hogares peruanos: monetaria, alimentaria, laboral, financiera e hídrica. Así, antes de la propagación de este coronavirus, el 65% de hogares peruanos, es decir 6 de cada 10, registraba por lo menos una de estas vulnerabilidades, lo cual representa un total de 4 millones de hogares vulnerables en las zonas urbanas y 1.8 millones en las rurales. En proporción, el 88% de los hogares de zonas rurales son vulnerables, situación que ilustra una mayor precariedad que se agudizaría aún más en esta crisis.
Entre las vulnerabilidades más críticas en esta pandemia está la hídrica, es decir, la carencia de acceso a agua potable en los hogares, y mucho más si se combina con la laboral y financiera. De acuerdo con este análisis, el cuadro de más alto riesgo lo viven 460 mil hogares peruanos por falta de agua y ausencia de ahorros, al igual que 570 mil hogares que no tienen acceso a este recurso y tampoco ingresos salariales.
En cuanto a la vulnerabilidad laboral, según un estudio sobre hogares urbanos, realizado por PNUD en alianza con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), el impacto económico dependerá tanto de la duración de las restricciones de circulación, al igual que de la cantidad de fuentes de ingreso que tenga cada hogar. De esa forma, aquellos hogares urbanos que dependan de una (30%) o dos fuentes de ingresos (40%), serían los más afectados. Sobre todo, si se considera que poco más de la mitad de estos hogares depende de trabajadores sin contrato e independientes informales.
A estas vulnerabilidades preexistentes, se suman otros factores externos que se agudizarían esta crisis como la debilidad del servicio de salud pública, principalmente en las regiones, y el hacinamiento dentro de las viviendas. Según datos de la ENAHO 2018, de los 9 millones de hogares peruanos, 2.5 millones habitan en condiciones de hacinamiento; de los cuales, casi 2 millones corresponden al área urbana y más de medio millón al área rural.
Dada la constante evolución de los escenarios, se deberá contar con estadísticas actualizadas que permitan avanzar en recomendaciones puntuales para los diferentes actores. Sin embargo, a partir de este análisis de vulnerabilidades del PNUD es posible identificar algunas prioridades y líneas de acción preliminares para las más críticas (hídrica, laboral y financiera) distinguiendo las etapas del levantamiento gradual de las restricciones de la cuarentena y el proceso de recuperación. Para la primera, se recomienda proporcionar ingresos de emergencia a los hogares en función al estatus laboral de la principal fuente de ingresos y evitar el quiebre de las empresas que concentran el 64% del empleo formal del país, flexibilizando las normas laborales. Asimismo, es prioritario potenciar la cobertura de programas de protección social ya existentes, en especial en zonas urbanas.
Por otro lado, es importante reforzar significativamente el abastecimiento de agua mediante cisternas a los hogares que carecen de acceso domiciliario; y aplicar pruebas de detección del contagio del virus en los hogares en condiciones de hacinamiento extremo. A su vez es importante mantener las coordinaciones con la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados, sus bases locales y los gobiernos subnacionales, para la adopción de medidas de ordenamiento a fin de cumplir estrictamente con el distanciamiento social y el uso de mascarillas en mercados.
Una vez controlada la pandemia, las políticas deben enfocarse en la atención a la vulnerabilidad hídrica mediante un programa destinado al acceso universal al agua, respaldado por recursos, mecanismos de transparencia, participación de los tres niveles de gobierno y la movilización organizada de los sectores de población que aún padecen esta condición vulnerable. Para la vulnerabilidad alimentaria, un primer paso será contar con indicadores más ajustados del déficit calórico de los hogares a nivel territorial.
Igualmente se deberá impulsar la evaluación del impacto del COVID-19 sobre los hogares y su situación de vulnerabilidad en cada una de las dimensiones mencionadas con anterioridad, bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con el apoyo de otros sectores del gobierno nacional y contribuciones técnicas y metodológicas de diversas Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Con esta serie de análisis de los potenciales impactos del COVID-19 en los hogares peruanos, el PNUD busca contribuir al diseño de medidas políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan no solo lidiar con la crisis, sino también posicionar al Perú frente al nuevo orden económico global que podría emerger
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