Una ruta para el acceso al agua frente a las lluvias

10 de Enero de 2024

En 2017, el Niño Costero llegó a las costas peruanas, con lluvias e inundaciones que afectaron a más de 1 millón 740 mil personas en el país y ocasionaron la pérdida de más de 63 mil viviendas. La costa norte llegó a soportar hasta 15 horas consecutivas de lluvia, que además de pérdidas materiales trajeron plagas y enfermedades. Miles de personas tuvieron que, desde los escombros, reconstruir paredes, hogares y las oportunidades que la lluvia se llevó.

Cada año, los efectos de la crisis climática se sienten con más fuerza y urgencia. Así como el Niño Costero en 2017 causó estragos –y dejó consecuencias, a las que se sumaron las que trajo el ciclón Yaku en 2023)– se prevé que el Fenómeno El Niño (FEN) de 2024 tenga un impacto importante en el país.

Pero la emergencia no termina cuando paran las lluvias. Ante un desastre, una respuesta rápida enfocada también en la recuperación es clave para proteger la integridad y salud de las personas afectadas; asegurándoles el ejercicio pleno de sus derechos básicos. El acceso al agua es uno de estos derechos fundamentales, un requisito para garantizar una vida digna. Pero cuando arremeten las lluvias y traen consigo daños en las redes de agua y desagüe, asegurar el acceso a este recurso se vuelve difícil, aún cuando es más necesario.

“Cuando se presenta un evento de naturaleza excepcional, hay momentos en que la planta de tratamiento de agua tiene que ser paralizada,” comenta Roberto Vallejos, Coordinador técnico en Gestión de Riesgo de Desastres de la empresa prestadora de servicios Epsel, “Son desafíos rigurosos, y los servicios tienen que continuar brindándose. Pero cuando digo continuar brindándose, hablamos de servicios de calidad.”

Para hacer frente a estos desafíos, y en reconocimiento de que la preparación es tan importante como la recuperación frente a desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte de su rol articulador, trabajó junto al Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Lambayeque, Epsel, las Municipalidades de Chiclayo, Pimentel, José Leonardo Ortiz y La Victoria, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el diseño de un protocolo de articulación interinstitucional para el restablecimiento del servicio básico de agua y saneamiento en el contexto de la emergencia por el Fenónemo El Niño.

Este protocolo, que se implementará en cuatro distritos de Chiclayo, en Lambayeque, establece las responsabilidades y líneas de acción que debe tomar cada una de las instituciones involucradas para el rápido restablecimiento del servicio de agua y saneamiento en caso de emergencia causada por el FEN. De esta manera, las instituciones están mejor preparadas ante cualquier eventualidad y podrán devolver a la ciudadanía el acceso a recursos básicos como el agua, salvaguardando su salud.

“Es preponderante establecer una ruta para restablecer nuestros servicios, fortalecer los componentes e involucrar a todos los actores para administrar los recursos básicos que necesita la ciudadanía para vivir con integridad.” señala Jorge Pérez Flores, Gobernador Regional de Lambayeque.

Los desastres profundizan las brechas de desigualdad. En el caso del FEN, con las lluvias y crecimiento del cauce de los ríos, las viviendas construidas en zonas de riesgo y con materiales precarios se ven afectadas. Esto impacta directamente en las vidas de las familias, quienes, si ya estaban en condiciones de vulnerabilidad, ahora lo están aún más como consecuencia de las inundaciones. Esto puede conllevar, también, una afectación en sus medios de vida. Asimismo, se ven reducidas las posibilidades de acceder a los servicios de salud, educación y programas sociales, entre otros.

Los fenómenos climáticos no son una novedad reciente, y continuarán dándose a lo largo de los años, cada vez con mayor intensidad. En este sentido, conociendo las consecuencias que pueden traer para la población, es clave que los actores del estado, sector privado y sociedad civil puedan trabajar desde el enfoque de la preparación, para mitigar los impactos negativos sobre las personas.

“Cada actor tiene identificado cuál es su potencial, para poder apoyar” dice el ingeniero Walter Muñoz Delgado, especialista de estudios del PNSU del Ministerio de Vivienda, “para darle la sensación a la gente que no está desatendida, que frente a cualquier evento va a haber una institución que va a estar ahí atendiéndola y escuchándola”. Es clave el énfasis en las personas, puesto que los desastres tienen impactos inmediatos en la infraestructura, pero también fuertes impactos duraderos en las personas, que se sienten y continúan apareciendo meses después de que se declara el final de una emergencia.

La preparación desde todos los sectores es fundamental y con trabajo en conjunto es posible. El diseño de herramientas como el protocolo de Chiclayo es un ejemplo de cómo la articulación entre instituciones, y el trabajo desde el territorio, identificando las necesidades, amenazas y oportunidades de cada localidad, es posible para la planificación de una respuesta rápida ante los desastres. Bettina Woll, Representante Residente del PNUD, señala que “El PNUD convocó a los tres niveles de gobierno y a los actores involucrados en el restablecimiento de estos servicios, para construir un protocolo que permite optimizar tiempo y recursos y que además tiene potencial de replicarse en otras regiones del país." El protocolo es un piloto que se puede replicar en otras regiones y para distintos servicios, para contar con planes específicos que permitan una actuación inmediata frente a las emergencias.

Frente al avance de la crisis climática y los fenómenos cada vez más extremos, la preparación es más importante que nunca. Para que, cuando pase la emergencia y se sequen las calles, podamos seguir empujando hacia adelante, recuperando vidas, sueños y oportunidades, que la lluvia, esta vez, no se llevará.