Cada año, los gobiernos gastan la asombrosa cantidad de 423 mil millones de dólares de los Estados Unidos en promedio para subsidiar el consumo de combustibles fósiles. Esto significa que por cada dólar comprometido para abordar la crisis climática para las personas pobres del mundo, se gastan cuatro dólares en subsidios a los combustibles fósiles que mantienen viva la crisis climática. En otras palabras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 5,9 billones de dólares - sí, billones - es efectivamente el reflejo real de los costos ambientales y los impuestos al consumo no percibidos (subsidios implícitos) (disponible en inglés). Y, además de las distorsiones del mercado y una serie de otras ineficiencias, lejos de ayudar a los más pobres, estos subsidios beneficiaron desproporcionadamente a quienes menos lo necesitan (en inglés): ¡la quinta parte de la población más rica!

En este contexto, está claro que subsidiar los combustibles fósiles según las prácticas actuales no muestra un uso racional del escaso dinero público. No tiene un sentido económico. Alimenta las desigualdades globales. De hecho, eliminarlos gradualmente podría ayudar a sacar a las personas de la pobreza. Nuestro nuevo análisis publicado como parte de la campaña "No elijas la extinción", indica (en inglés) que el monto total gastado en estos subsidios podría erradicar la pobreza extrema hasta tres veces o pagar las vacunas de la COVID-19 para todas las personas del mundo.

Teniendo esto en cuenta, ¿por qué es difícil reformar estos subsidios ineficaces e ineficientes?

En las naciones industrializadas, el carbón y el petróleo han sido la principal fuente de energía durante siglos. Nuestras economías modernas se han construido sobre los combustibles fósiles y todavía están fuertemente arraigados en nuestros patrones de producción y consumo. Con el tiempo, incluso cuando el acceso a la energía más barata empezó a ser visto como un fenómeno para reducir la pobreza, mejorar los indicadores de desarrollo humano y promover el desarrollo industrial, los gobiernos han introducido mecanismos para subsidiar tanto la producción como el consumo de combustibles fósiles.

Como resultado, todo nuestro sistema energético tiene un precio incorrecto y se inclina artificialmente hacia los combustibles fósiles y la energía barata basada en combustibles fósiles se ha convertido en la norma en muchos países. Hay intereses creados poderosos que mantienen la presión sobre los gobiernos para que sigan utilizando los escasos recursos públicos para sus propios intereses. Si bien los subsidios a los combustibles fósiles son regresivos y, por lo tanto, constituyen una herramienta de desigualdad, también representan una parte significativa de los ingresos de los pobres que de otro modo se pagarían a partir del consumo de energía. Esto significa que tales reformas, si están mal diseñadas, pueden ser perjudiciales para los hogares pobres y vulnerables y generar malestar social, que es lo que sucedió recientemente en Chile, por ejemplo.

Con poco tiempo para lograr una transición justa, reformar los subsidios a los combustibles fósiles de manera equitativa es un primer paso necesario para fijar un precio correcto a la energía que refleje el costo "verdadero" y total del uso de los combustibles fósiles para la sociedad y el medio ambiente.


EL NUEVO CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA POLÍTICAS DEL PNUD PARA UNA REFORMA DE PRECIOS JUSTOS DE LA ENERGÍA
En Future Investment: a Toolkit for a Fair Energy Pricing Reform ("Inversión futura: un conjunto de herramientas para una reforma de precios de energía justos"), el PNUD aboga por una reforma por etapas, en la que el primer paso es identificar maneras de reutilizar las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles de una manera que reduzca la pobreza y las desigualdades y sea progresiva, socialmente justa y económicamente justa.

Paso 1: eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles
Tomando de base estudios de casos en Ghana, Indonesia, Irán, Francia y Chile, la investigación del PNUD destaca que garantizar la aceptabilidad social y política es un factor clave para lograr una reforma exitosa de los precios de la energía. Más allá de tener un impacto ambiental, tales reformas deben ser social y económicamente justas. Dicha aceptabilidad está influenciada por tendencias sociales, económicas y políticas más amplias, incluido el nivel de confianza pública en las instituciones gubernamentales.

Descubrimos que los factores de economía política son clave para una implementación exitosa y, en contextos que dependen de la extracción de combustibles fósiles, es fundamental una comprensión clara de la política de asignación de ingresos por recursos y la gobernanza de los mismos. El fortalecimiento de los sistemas de protección social y el desarrollo de esquemas de compensación justos para protegerse contra los aumentos de precios es fundamental para promover resultados social y políticamente más aceptables. Estas reformas deberían centrarse inicialmente en ampliar y reforzar las disposiciones sociales existentes, incluso en relación con los mecanismos de transferencia de efectivo. Por último, la comunicación pública eficaz y la participación profunda de las partes interesadas también son fundamentales para el éxito de la reforma de los subsidios.