El proceso actual de revisión de los compromisos climáticos conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) obliga a los países a operar en un contexto en el que confluyen múltiples crisis sin precedentes: cambio climático, desigualdades crecientes, e impactos sanitarios y económicos de la COVID-19. Por fortuna, existe la posibilidad de abordar estos tres retos a la vez a través de una transición justa hacia una economía verde. El PNUD y la OIT colaboran con los gobiernos para llevar a cabo una transformación basada en la evidencia que sea beneficiosa tanto para las personas como para el clima.

¿Recuerdan dónde estábamos a comienzos de 2020? ¿Quién podía imaginar lo que se avecinaba? Lo que empezó con unos cuantos casos de neumonía se convirtió rápidamente en una emergencia sanitaria mundial y, después, en una crisis económica y social de gran escala. 

Junto a todas las vidas perdidas, la pandemia puso en peligro más de 500 millones de empleos, de los cuales 100 millones desaparecieron permanentemente. Estos números reflejan no solo una crisis económica, sino también humanitaria. Detrás de cada empleo perdido hay una persona. Muchas de ellas son mujeres, jóvenes y trabajadores de la economía informal —ya de por sí vulnerables— a menudo con familias enteras que mantener.

Razones para una economía verde 

Ha sido un año muy difícil para los gobiernos, que se han visto forzados a contener la propagación del virus y, al mismo tiempo, tratar de gestionar sus consecuencias económicas, ayudar a los trabajadores, y garantizar la continuidad educativa de niñas y niños. Además, la crisis climática sigue presente, al igual que la creciente brecha entre ricos y pobres. De hecho, estos problemas han empeorado durante la pandemia.

Sin embargo, en medio de este panorama oscuro surgen brotes verdes; si se toman las decisiones acertadas, los gobiernos tendrán la posibilidad de abordar estas tres crisis de forma conjunta, a través de una transición hacia economías limpias y bajas en carbono.

Crear empleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la transición hacia un sistema económico más ecológico y bajo en carbono puede generar 60 millones de empleos de aquí a 2030. 

La pregunta es: ¿a cambio de qué? Para informar su proceso de toma de decisiones, los gobiernos y las empresas necesitan evidencias. Es preciso utilizar datos concretos que demuestren que la acción climática y la transición a la economía verde ofrecerán unos beneficios absolutamente superiores, no solo para el medio ambiente, sino también en la generación de nuevos empleos.

Para ello es necesario cuantificar y evaluar los impactos medioambientales, sociales y económicos de las inversiones y las medidas climáticas. Esto exige analizar los datos, pero también hacerse preguntas: ¿alcanzarán los beneficios a todas las personas por igual? ¿Cuáles serían los impactos, por ejemplo, de la construcción de una central hidroeléctrica, o de un parque solar? ¿Cuenta el país con los conocimientos técnicos, la mano de obra y la tecnología necesarios para construir y gestionar de manera autónoma este tipo de proyectos? ¿Cómo afectaría a los trabajadores la transición hacia una economía basada al 100 % en fuentes de energía renovables?

La identificación de las sinergias y las concesiones existentes entre la acción climática y las necesidades del desarrollo visto en su conjunto permite a los responsables políticos amplificar los efectos positivos de las medidas de recuperación e impulsar cambios a un nivel sistémico.

El Programa de Apoyo a las CDN del PNUD, a través de un modelo de evaluación de empleos verdes desarrollado por la OIT, ha trabajado con Zimbabwe y Nigeria en la cuantificación de los efectos que las políticas climáticas y de transición hacia una economía verde pueden tener en la creación de empleo —con especial atención a las mujeres y los jóvenes— la distribución de las rentas, el fomento de capacidades, y el crecimiento económico en su contexto.

La modelización ha puesto de manifiesto consecuencias muy diversas para el crecimiento del empleo a medio y largo plazo, con algunos resultados interesantes e instructivos.

En Zimbabwe se modelizaron una docena de escenarios de inversiones y políticas asociadas al clima que cubrieron sectores como la energía, los procesos industriales, la agricultura y la silvicultura. De estos escenarios, las inversiones en agricultura de conservación crearon hasta 30.000 empleos por cada millón de dólares invertidos. Esta cifra contrasta radicalmente con los 100 empleos creados por cada millón invertido en una presa hidroeléctrica y los 25 empleos en solar comercial.

El estudio reveló resultados similares para las políticas verdes en Nigeria. La puesta en práctica de iniciativas de transporte público crearía 25.000 empleos, y un masivo incremento de las energías renovables generaría 12 millones de puestos de trabajo. La mejor relación entre inversión y resultados la ofrecen las medidas en los sectores de agricultura y silvicultura, mientras que las inversiones en eficiencia hídrica parecen generar el mayor número de empleos para las mujeres a largo plazo. 

Estos resultados aportan una información muy valiosa a los responsables de formulación de políticas en Zimbabwe y Nigeria —al igual que para otros países— a la hora de entender el impacto distributivo de las políticas y, en última instancia, de optar por aquellas que reducen los gases de efecto invernadero y que a la vez proporcionan considerables beneficios económicos y sociales. 

Los resultados de la modelización, junto con las recomendaciones de política para potenciar  la creación de empleo y proceder a una transición justa de la fuerza de trabajo, se verán reflejados en las CDN de los países y desarrollados a través los programas de país de la OIT y del PNUD.

Si no se mide, no se puede gestionar

Cuando se hace referencia a la formulación de políticas climáticas y a las inversiones necesarias para su desarrollo, es preciso adoptar un enfoque multidimensional, dirigido no solo a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también a aumentar el PIB, generar empleo, y garantizar una transición justa y equitativa para todas las personas.

Con la evidencia de los datos podemos ayudar a los responsables políticos a elegir la mejor opción.

Al pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía verde se perderán algunos empleos. Pero se crearán muchos más, que además ofrecen la posibilidad de dar trabajo a las personas que antes quedaron atrás. Solo si se evalúan las consecuencias socio-económicas de la transición verde se puede extraer el máximo provecho de las oportunidades que presenta.

Aprovechemos este momento para la transformación.

Para obtener más información sobre la ayuda que prestan el PNUD y la OIT a los gobiernos en la evaluación de los impactos socio-económicos de las políticas climáticas y el desarrollo de modelos para tomar medidas basadas en la evidencia, pueden dirigirse a Sangji Lee en sangji.lee@undp.org | Tw: @Sangji_climate

El Programa de Apoyo a las CDN del PNUD es financiado por la Unión Europea y los gobiernos de Alemania y España como contribución a la Alianza para las CDN.