Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en 2005, Uruguay realiza un gran esfuerzo por proteger sus paisajes naturales. Hoy, el país cuenta con sus primeras 15 áreas protegidas, que representan el 0,9% del territorio.

Si bien este porcentaje es bajo, resulta un avance importante dada la  reciente creación del SNAP y su alta representación de ecosistemas significativos para la conservación.

No obstante, el aumento en cantidad y extensión de áreas protegidas resulta un desafío muy grande, debido a varios factores como las características geográficas y de la población, la tenencia de la tierra y las tendencias productivas.

Hasta principios del siglo XIX, Uruguay contaba con una población indígena, que constituía para las autoridades de la época un obstáculo para la estructuración de una sociedad y una economía basada en la producción agropecuaria. Por estos motivos, fue rápidamente diezmada y su descendencia no ha vuelto a tener territorios bajo su custodia.

Respecto a la tenencia de la tierra, el 96% del territorio es privado. Esto, sumado a una fuerte vocación productiva y la falta de grandes barreras naturales, ha determinado que el 93% del territorio esté bajo producción agropecuaria.

La economía uruguaya se basa en el uso intensivo de los recursos naturales, con un sector agropecuario que genera el 78% de las exportaciones. En 2018, los principales productos de exportación fueron la celulosa (18%), la carne bovina (18%), los lácteos (8%) y la soja (6%).

Este sector está generando externalidades, como la concentración en la tenencia de la tierra, la migración de la población rural que hoy es apenas el 5%, y el deterioro ambiental que se refleja en la erosión del suelo, la pérdida de ecosistemas y la contaminación del agua por el uso de agroquímicos.

Actualmente, Uruguay se plantea intensificar la producción agropecuaria, con herramientas como la recientemente aprobada Ley de Riego, que permitirá ampliar aún más la frontera agrícola. Para los próximos años es de esperarse una mayor presión sobre el ambiente y en especial sobre la conservación de los paisajes naturales.

En cuanto al SNAP, el 94% de su superficie también son tierras privadas, lo que implica que su gestión requiera de un fuerte proceso de negociación y acuerdos con los propietarios, además de los gobiernos locales que tienen implicancias en el ordenamiento territorial.

La escasa superficie bajo protección del SNAP y la baja conectividad de sus áreas tiene consecuencias sobre la biodiversidad. Las áreas protegidas se encuentran inmersas en paisajes altamente modificados. La expansión de los monocultivos comerciales y los sistemas de producción intensificados (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) están haciendo que los paisajes que las rodean sean cada vez más hostiles a la biodiversidad y acentúen su aislamiento biológico.

Ante esta situación, las autoridades ambientales apuestan a que el SNAP incorpore un enfoque de paisaje, trabajando en las tierras privadas que rodean las áreas protegidas para que incorporen prácticas productivas más amigables con la conservación, como las definidas en la guía para la gestión ambiental de plantaciones forestales.

A su vez, se han diseñado herramientas financieras como incentivos a productores y operadores turísticos, y mecanismos de exención de impuestos para la gestión sostenible de recursos en los entornos de las áreas protegidas, y se acaba de aprobar el Decreto por el cual se podrán crear áreas protegidas privadas orientadas a la conservación voluntaria de la naturaleza.

También se está trabajando en el desarrollo de cadenas de valor que contemplan el patrimonio natural y cultural. Para ello, se han seleccionado tres sectores productivos de gran potencial para generar productos y servicios diferenciados e innovadores. Estos son: la producción de carne en pastizales naturales, un ecosistema prioritario para la conservación; el turismo rural; y la pesca artesanal en lagunas costeras.

En esta línea de trabajo conjunta entre el Gobierno y PNUD, para el período 2020-2022, se hará hincapié en la restauración de paisajes degradados y la generación de corredores biológicos para mejorar la conectividad entre áreas protegidas, se definirán nuevos incentivos financieros y subsidios diferenciales de modo de compatibilizar la producción con la protección de los servicios ecosistémicos. Asimismo, se trabajará para lograr la neutralidad en la degradación de los suelos en 250.000 hectáreas.

El SNAP de Uruguay tiene una fuerte vocación de trabajo conjunto con otros países de la región y el mundo. Es un socio muy activo en la Red Latinoamericana de Parques Nacionales (Redparques) integrada por 19 países. Tiene un fuerte vínculo técnico con la Federación de Parques Naturales Regionales de Francia; con España a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y más recientemente ha establecido un plan de trabajo conjunto con los sistemas de parques nacionales de Sudáfrica y Mozambique.

Las experiencias y lecciones aprendidas de Uruguay en armonizar el uso sostenible de los recursos naturales con la producción agropecuaria, será de gran utilidad para otros países que también requieran del trabajo en territorios bajo propiedad privada, para lograr sus objetivos de conservación y un desarrollo local más justo y equitativo con la participación de las comunidades como principales beneficiarias.