Nueva York – Las altas tasas de inflación han hecho que, desde marzo de 2022, el número de personas pobres en los países en desarrollo aumente en 71 millones, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe publicado hoy.

A medida que aumentan las tasas de interés en respuesta a la altísima inflación, existe el riesgo de que se desencadene más pobreza inducida por la recesión que exacerbará aún más la crisis, acelerando y profundizando la pobreza en todo el mundo.

Los países en desarrollo, que se enfrentan a reservas fiscales ya agotadas y a altos niveles de deuda soberana, así como a un aumento de las tasas de interés en los mercados financieros mundiales, tienen por delante desafíos que no pueden resolverse sin la ayuda urgente de la comunidad mundial.

El análisis de 159 países en desarrollo indica que el aumento del precio de los productos básicos ya está teniendo impactos inmediatos y devastadores en los hogares más pobres, siendo las región de los Balcanes, los países de la región del Mar Caspio y el África Subsahariana, particularmente la región del Sahel, las más perjudicadas, según estimaciones del PNUD.

El informe se centra en los conocimientos proporcionados por los dos reportes del Grupo de Respuesta a Crisis Mundiales del Secretario General de las Naciones Unidas (en inglés) sobre los efectos dominó de la guerra en Ucrania.

"Este aumento de precios sin precedentes significa que, para muchas personas en todo el mundo, los alimentos que podían permitirse ayer, hoy ya no están al alcance", dice Achim Steiner, administrador del PNUD. "Esta crisis del costo de vida está empujando a millones de personas a la pobreza e incluso al hambre a una velocidad vertiginosa, con lo que la amenaza de más disturbios sociales crece cada día más", expresa Steiner.

Las personas encargadas de trabajar en políticas que responden a la crisis del costo de vida, particularmente en las naciones más pobres, se encuentran ante la toma de decisiones difíciles. El desafío es cómo equilibrar un alivio significativo a corto plazo para los hogares pobres y vulnerables, en un momento en que la mayoría de los países en desarrollo luchan contra la reducción del espacio fiscal y el aumento de la deuda.

“Estamos siendo testigos de una creciente divergencia en la economía global que es alarmante, ya que países en desarrollo se enfrentan a la amenaza de quedarse atrás mientras luchan para hacer frente a la actual pandemia de COVID-19, socavando los niveles de deuda y acelerando la crisis alimentaria y energética”, afirma Steiner. “Sin embargo, esfuerzos internacionales renovados pueden romper este círculo vicioso económico, salvando vidas y medios de subsistencia, incluyendo medidas decisivas de alivio de la deuda; manteniendo abiertas las cadenas de suministro internacionales; y impulsando una acción coordinada para garantizar que algunas de las comunidades más marginadas del mundo puedan acceder a alimentos y energía asequibles", explica Steiner.

Los países han tratado de atenuar los peores impactos de la crisis actual a través de restricciones comerciales, devoluciones de impuestos, subsidios a la energía y transferencias de efectivo específicas.

El informe encuentra que las transferencias de efectivo específicas son más equitativas y rentables que los subsidios.

“Si bien los subsidios a la energía pueden ayudar a corto plazo, a largo plazo impulsan la desigualdad, exacerban aún más la crisis climática y no amortiguan el golpe inmediato del aumento del costo de vida, tanto como lo hacen las transferencias de efectivo específicas”, dice el autor del informe, George Gray Molina, Jefe de Participación de Políticas Estratégicas del PNUD. "Ofrecen algo de alivio como una cura inmediata, pero corren el riesgo de causar peores lesiones con el tiempo", explica Molina.

El informe muestra que los subsidios a la energía benefician de manera desproporcionada a las personas más ricas, con más de la mitad de los beneficios de un subsidio energético universal favoreciendo al 20 % más rico de la población. Por el contrario, las transferencias de efectivo van en su mayoría al 40 % más pobre de la población.

“El dinero en efectivo en manos de las personas que sufren por los aumentos galopantes del precio de los alimentos y el combustible tendrá un impacto generalizado de manera positiva”, afirma Molina. “Nuestro modelo muestra que incluso las transferencias de efectivo muy modestas pueden tener efectos drásticos y estabilizadores para los más pobres y vulnerables en esta crisis. Y, por las respuestas a la COVID-19, sabemos que los países en desarrollo deben contar con el apoyo de la comunidad mundial para tener el espacio fiscal para financiar estos esquemas”, dice Molina.

George Gray Molina también explica que, para liberar los fondos necesarios, se debe considerar una suspensión oficial de la deuda a dos años para ayudar a todos los países en desarrollo, independientemente del PIB per cápita, a recuperarse de estos golpes. Todo ello haciéndose eco de los llamamientos recientes de las instituciones financieras internacionales para mejorar la liquidez de los países en desarrollo.

Solamente con la crisis de la COVID-19, la deuda en los países en desarrollo se ha elevado a un máximo de 50 años, equivalente a más de dos veces y media sus ingresos, según datos del Banco Mundial.

Los países que se enfrentan a los impactos más difíciles de la crisis en todas las líneas de pobreza son Armenia y Uzbekistán en Asia Central; Burkina Faso, Ghana, Kenya, Rwanda y el Sudán en el África Subsahariana; Haití en América Latina; y el Pakistán y Sri Lanka en el sur de Asia. En Etiopía, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania y el Yemen, los impactos podrían ser particularmente severos en las líneas de pobreza más bajas, mientras que en Albania, Kirguistán, Moldova, Mongolia y Tayikistán los impactos podrían ser todavía más severos.

Puedes descargarte el informe en inglés aquí.