Estos documentos servirán para garantizar que los servicios de acompañamiento, representación, derivación y asistencia legal se presten conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, para el acceso a la justicia de los grupos vulnerabilizados.

Tanto el protocolo como la guía de implementación son herramientas de consulta sobre la labor de la defensa pública y las organizaciones del estado y sociedad civil, simplificando los conceptos y criterios que garantizan el acceso a justicia y el proceso de análisis que deben realizar los defensores públicos y defensores de derechos humanos en el manejo de los casos, para favorecer y facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.