El proyecto Fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas para mejorar la calidad del gasto público en seguridad alimentaria y nutrición, se implementará en 31 municipios priorizados de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Alta Verapaz, San Marcos, Chiquimula, Izabal y Baja Verapaz. El proyecto brindará asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en la gestión de las finanzas públicas, planificación y gestión presupuestaria, en particular para mejorar la gestión por resultados y mejorar la credibilidad, trasparencia y eficiencia de la ejecución presupuestaria y la calidad de servicios públicos en los ministerios con responsabilidades sobre seguridad alimentaria y nutricional (SAN). 

Se trabajará tanto a nivel central como local en los principales ministerios de línea, para asegurar la ejecución óptima de sus presupuestos y programas individuales de manera de lograr las metas nacionales de alimentación y nutrición según lo planificado en las estrategias y planes del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN. Así también se contribuirá a mejorar la colaboración y coordinación entre las instituciones y los ministerios de línea, SESAN, SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), en la reducción de cuellos de botella en la ejecución financiera y la coherencia técnica. 

Se reforzará la participación inclusiva de todos los actores y sectores fomentando la coordinación, la colaboración y alianzas para la aplicación de medidas e instrumentos pertinentes para mejorar la calidad del gasto público en Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de género y derechos.

Guatemala enfrenta una profunda crisis de pobreza, desigualdad y desnutrición, con graves consecuencias para su población.  En 2023, el 56% de la población vivía en pobreza general (INE), incapaz de acceder a bienes y servicios básicos más allá de la alimentación mínima.  Los datos del PNUD (basados en el Censo 2018) indican que el 62% de la población sufre privaciones multidimensionales, incluyendo carencias en educación, salud y empleo. 

Guatemala presenta la tasa más alta de desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) en América Latina y el Caribe, y la sexta a nivel mundial (SESAN 2023).  La ENSMI 2014/2015 reporta una prevalencia de desnutrición crónica del 46.5%, mayor en zonas rurales (53%) y regiones como Noroccidente (68.2%), Suroccidente (51.9%) y Norte (50%).  La desnutrición crónica afecta desproporcionadamente a niños indígenas (58%), hijos de madres sin educación (67%) y de madres en el quintil de riqueza más bajo (65.9%) (PEI SESAN 2023-2032).   

La inseguridad alimentaria y nutricional se debe a factores como la baja producción de alimentos, el limitado acceso físico y económico a alimentos nutritivos, la ingesta inadecuada y el deficiente aprovechamiento biológico de los alimentos (SESAN 2022).  Factores transversales como la vulnerabilidad a crisis (naturales, sanitarias o sociales), la exclusión social, la débil coordinación interinstitucional, las deficiencias en sistemas de información, la falta de sostenibilidad ambiental y las enfermedades infecciosas agravadas por la escasez de agua y saneamiento, exacerban la situación.  La baja inversión pública en estos temas profundiza la crisis. 

La Ley SINASAN obliga al gobierno a priorizar acciones para combatir la malnutrición, especialmente la desnutrición crónica infantil, debido a sus consecuencias en salud, educación y productividad a largo plazo.  Se requiere un enfoque integral que aborde las causas de raíz de esta problemática. 

Caroll Dardon / Oficial de Desarrollo Local, Resiliencia y Gestión de Riesgos del PNUD en Guatemala

• caroll.dardon@undp.org  

Mejorada la credibilidad presupuestaria y la calidad del gasto público destinado a los programas de seguridad alimentaria y nutrición en la agricultura, la salud y la protección social, así como en otros sectores relevantes.