Durante los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe han construido su propio Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), de acuerdo a las necesidades de cada país, estableciendo sus propios umbrales e indicadores. En Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y México, por ejemplo, se cuenta con IPM propios, que van más allá de los ingresos e incluyen dimensiones importantes en el contexto nacional, valoradas por su población y medidas de acuerdo con sus niveles de desarrollo. Países como Bolivia, República Dominicana, Perú y Paraguay están trabajando activamente en construir su propio IPM en los próximos años.

La aplicación de los IPM en los diferentes países de la región ha significado aportes múltiples para el diseño y la evaluación de la política pública. Las innovaciones metodológicas de los indicadores permiten:

1. Realizar descomposiciones que son necesarias para mejorar el diseño y la focalización de los servicios sociales —por ejemplo, al permitir desagregar la pobreza por grupos poblacionales, por regiones y por dimensión—.

2. Promover una mejor y mayor coordinación y articulación intersectorial, y un mejor seguimiento, control y evaluación del gasto público social.

3. Diseñar programas integrales que incidan sobre múltiples privaciones.

4. Acrecentar la demanda de servicios administrativos más eficientes y de mejores datos. Asimismo, al permitir la obtención de mediciones sobre la intensidad de la pobreza y la desigualdad multidimensional, las aplicaciones posibilitan mejorar la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas orientadas al cierre de brechas.