La pandemia por COVID-19 ha hecho evidente la promesa incumplida de la protección social en América Latina y el Caribe.

Los gobiernos de la región han utilizado primordialmente programas de transferencias monetarias para amortiguar los efectos sociales y económicos de la pandemia. En este documento describimos cómo estos programas han servido como vehículo para llegar a la población vulnerable. Mostramos que los países de la región han usado los sistemas de información de protección social existentes para identificar o afiliar a la población, así como para entregar las transferencias, aunque condicionados por la cobertura previa de los programas y la interoperabilidad de los registros con otras fuentes de información.

Para ello, analizamos las respuestas a la pandemia, distinguiendo las formas en las que los países innovaron con sus programas, las coberturas y montos de las transferencias entregadas, y estudiamos las características de los sistemas de información social. En concreto, revisamos la existencia de registros sociales y padrones únicos, analizamos su cobertura, así como su interoperabilidad con otros sistemas de información. Encontramos que, en total, fueron utilizados 64 programas de transferencias monetarias en América Latina y el Caribe (en 24 de 33 países), 37 de los cuales consistieron en bonos de emergencia (implementados en 21 países). Sin embargo, más de la mitad de las intervenciones benefició directamente a menos del 10% de la población, y consistió en montos totales adicionales menores a un salario mínimo mensual.

Mostramos que la mayoría de los programas de transferencias monetarias para responder a la pandemia utilizó información previa, tanto para registrar y seleccionar a las personas beneficiarias (81% de los programas) como para realizar las transferencias (73%).

A partir de este trabajo, proponemos tres tareas de mediano plazo: consolidar sistemas de información de protección social de calidad, promover que esta información sea efectivamente usada para diseñar, implementar y evaluar las intervenciones públicas, y redefinir el papel de los programas de transferencias monetarias como parte de los sistemas de protección social.