34 millones de personas viven con VIH, 7.400 se infectan cada día y 1,8 millones han fallecido sólo en 2010. El entorno jurídico –leyes, sistemas represivos y judiciales– posee un inmenso potencial para mejorar las vidas de las personas con VIH y ayudar a revertir la crisis. Las leyes y los tratados internacionales que protegen la igualdad de acceso a la atención sanitaria y prohíben la discriminación –incluida la basada en el estado de salud o el estado legal– subrayan el beneficioso poder de las leyes nacionales.

Las leyes prohíben o permiten comportamientos específicos, y al hacerlo dan forma a la política, la economía y la sociedad. Las leyes pueden ser un bien humano que suponga una diferencia significativa para las vidas de las personas. Por lo tanto, no es sorprendente que las leyes tengan el poder de unir la brecha entre la vulnerabilidad y la resiliencia al VIH.

Este informe presenta pruebas convincentes y recomendaciones que pueden salvar vidas, ahorrar dinero y ayudar a erradicar la epidemia de SIDA. Las recomendaciones apelan a aquello que comparten nuestras culturas y comunidades: la humanidad innata de reconocer y respetar el valor y la dignidad inherentes a todas las personas.