En el PNUD entendemos que consolidar sociedades que sean inclusivas, resistentes y eficientes significa sacar a las personas de la pobreza. Este es un elemento integral en la implementación de la Agenda 2030 y requiere dar pasos significativos en las áreas interconectadas del desarrollo, las cuales son: productividad, inclusión y resiliencia. La gobernabilidad eficaz es una condición previa y como tal, el ODS 16 es el facilitador del desarrollo sostenible.

Para las economías de ingresos medios que luchan por convertirse en sociedades de clase media, como las de América Latina y el Caribe, la gobernabilidad resulta ser el instrumento más pertinente para crear oportunidades para que las personas forjen su propio destino y colaboren entre sí. La gobernabilidad es el proceso mediante el cual se generan las oportunidades (su aplicación está vinculada a la práctica de la democracia así como a los derechos políticos y civiles que conducen al desarrollo sostenible).

El desafío actual que define a América Latina y el Caribe es una recuperación de la COVID-19 que revierta el aumento de la desigualdad y el incremento de la pobreza, manteniendo la cohesión social y la paz. COVID-19 es un desafío pero también una oportunidad para forjar o redefinir contratos sociales que aseguren la coexistencia pacífica, generen confianza, promuevan una participación más significativa y mejoren la capacidad de las instituciones para responder a las nuevas demandas de la sociedad impuestas por COVID-19.

La región enfrenta cinco desafíos estructurales que definirán la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante esta década. Estos desafíos están relacionados con los déficits estructurales que con el auge de los medios digitales y redes sociales se están haciendo evidentes y desencadenan tensiones sociales, económicas, políticas y protestas sociales. Estos desafíos son:

1. Gobernanza efectiva para permitir la generación de oportunidades equitativas.
2. Cambiar las reglas del juego (es decir, las políticas) para reducir las desigualdades.
3. Transformaciones institucionales para soluciones digitales.
4. Garantía e impulso de la agenda de los derechos humanos.
5. Convivencia pacífica y seguridad ciudadana.