El proceso de modernización del Estado presenta desafíos relevantes en lo que respecta al fortalecimiento del nivel subnacional. Por ello, la entrada en vigencia de la Ley 20.922, que posibilita la modificación de las plantas funcionarias municipales para adaptarlas a las necesidades de cada comuna, es un hito relevante.

En este contexto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), ente público asesor de los gobiernos regionales y locales del país, solicitó apoyo al PNUD para la generación de la metodología y herramientas necesarias para la actualización de las estructuras municipales. Este procedimiento deberá considerar las diferencias existentes entre las distintas municipalidades del país, por lo que se aplicará un plan de inicio piloto en 10 municipios que representan la diversidad territorial (norte, centro, sur), ambiental (costa, valle, montaña) y de capacidades técnicas y financieras (diversa clasificación FIGEM-SUBDERE).  Estos municipios serán asesorados en la definición de su nueva estructura organizacional, sus políticas de recursos humanos y reglamentos internos, y a partir de los aprendizajes del proceso, se elaborará un plan de trabajo aplicable al resto de los gobiernos locales del país.

Desafíos

¿Qué logros pretendemos conseguir?

La modificación de la planta funcionaria es un proceso clave para promover el desarrollo comunal, y por tanto debe estar alineado a las definiciones estratégicas y sustantivas de cada municipalidad y realidad comunal/territorial. Por ende, este proyecto espera entregar orientaciones metodológicas que faciliten a las nuevas estructuras abordar de mejor manera los siguientes desafíos:

• Potenciar el rol del municipio como líder del desarrollo económico, social y cultural en el territorio que le permita cumplir con las funciones establecidas en la ley y las que comparte con otras instituciones del estado.
• Promover la entrega de mejores servicios a la comunidad a través de la capactiación y fortalecimiento de sus recursos humanos.
  
• Mejorar las capacidades y competencias de los funcionarios en materia de eficacia, eficiencia y transparencia.