La justicia especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres es fundamental para la reparación integral a las víctimas. Esa fue uno de los principales puntos de reflexión en uno de los diálogos organizados por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia a través de su Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los diálogos nacionales y locales se enmarcan en las acciones de la Iniciativa Spotlight, un asocio entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas. En El Salvador, la iniciativa es implementada de forma conjunta por ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA y PNUD.

El tema de esta jornada fue “Reparación Integral de víctimas en casos de violencia contra las mujeres y niñas”. El espacio fue presidido por el Fiscal General de la República (FGR), Raúl Melara; la Representante Residente Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mónica Merino; y la directora de la UTE, Kenia Melgar.

“Queremos reflexionar sobre los desafíos para asegurar la reparación integral a las víctimas, que incluye, entre otros, la garantía de no repetición de estos actos. El derecho a la reparación es para las víctimas, pero también exige medidas de alcance general”, indicó la Representante Residente Adjunta del PNUD.

Como ponentes, participaron como la coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables de la Fiscalía General de la República (FGR), Ana Sagastume; la coordinadora del Grupo de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gabriela Pacheco; y  las juezas especializadas de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador y San Miguel, Glenda Baires Escobar y Johana Claros.

El derecho a la reparación está contenido en distintos instrumentos de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) y ha sido desarrollado en las Recomendaciones Generales 30, 31 y 33 del Comité CEDAW, así como en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).

La representante de la CIDH se refirió a las formas de reparación integral del daño, e indicó que no solo se trata de la compensación con indemnizaciones, sino que implica también la restitución, la obligación de investigar los hechos y determinar y castigar a responsables, y la ejecución de medidas para no repetición y para prevenir violaciones a otras personas.

“Además de atención gratuita e inmediata a tratamientos médicos, psicológico y psiquiátrico, se trata de establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las medidas ordenadas por la justicia, de capacitar a las instituciones y generar más conocimiento en las y los funcionarios, para erradicar la violencia contra la mujer” dijo.

La coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables de la FGR, señaló que el país debe fortalecer o crear instituciones que verifiquen y den seguimiento al cumplimiento de los fallos de los jueces especializados de sentencia. “Aún no hay un procedimiento claro en la Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, es una deuda que hay que seguir impulsando”, dijo.

Agregó que también se debe continuar sensibilizando y fortaleciendo el conocimiento y capacidades del funcionariado y que las unidades de género son un mecanismo idóneo para ello. “El Estado debe tener un componente de género”, recalcó.

La directora de la UTE enfatizó que todos los esfuerzos en materia de reparación son vitales para prevenir y evitar que los casos de violencia se repitan. “El Salvador ha fortalecido el Estado de Derecho en materia de Derechos Humanos de las mujeres, lo que permite respuestas más efectivas para mujeres y niñas víctimas. No se puede hablar de democracia sin reparación integral para las víctimas” acató.

Por su parte el Fiscal General reconoció que la reparación es un reto y agradeció el trabajo de los equipos multidisciplinarios que ponen su empeño para llevar justicia a quienes se ven vulneradas en sus derechos y a todas las organizaciones que trabajan por hacer la diferencia en este tema.