En Guatemala existe una escasa representación de las mujeres indígenas y afrodescendientes en cargos de representatividad pública, lo que es un factor preocupante para el país considerando que representan el 53.39% del padrón electoral.[1]

Si bien su participación en postulaciones a puestos de elección popular en el proceso electoral de 2019 mostró un aumento del 58% con relación al año 2015, esto no es determinante debido a que su elección sigue situándose por debajo del  30%[2], en comparación con la representatividad alcanzada por otros sectores de la población.

Del total de 160 escaños en el Congreso, las mujeres únicamente ocupan 31 puestos, de las cuales solamente tres son indígenas, lo que equivale al 1.88% del total del Organismo Legislativo. A nivel municipal se repite la tendencia dado que, de 340 alcaldías en todo el país, únicamente 11[3] son ocupadas por mujeres; de ellas, solo una es indígena[4]. Esta configuración continuada en los puestos de elección refleja  los retos y desafíos que deben abordarse para alcanzar una mayor participación con carácter igualitario e incluyente en espacios de toma de decisión, así como garantizar la incidencia de las mujeres jóvenes indígenas[5] en diferentes espacios cívicos y políticos.

Este nivel de participación política está muy por debajo de la meta del 30 % establecido desde 1990 por la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y del equilibrio de género fijado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la Esfera de especial preocupación “La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones”. El derecho de las mujeres a participar, expresarse, celebrar reuniones y ser elegidas está estipulado en numerosos instrumentos de derechos humanos, incluidos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), entre otros. Por otro lado, las barreras de entrada y de permanencia de las mujeres en el ejercicio de la política, las normas sociales de género y los techos de cristal, complican la llegada y permanencia de las mujeres en cargos de toma de decisión.

Revertir las desigualdades de género en el poder conlleva alianzas; es decir, mirar a otros socios y socias para incidir en una visión más amplia de la igualdad. La voluntad política y el financiamiento también han demostrado ser elementos claves para revertir esta situación, el cambio cultural y la reducción de la violencia política entre otros factores.

En ese sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apoya, coordina y articula con el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la “Escuela de Formación de Lideresas Jóvenes Indígenas” en Quetzaltenango y Sololá, con la participación de más de 75 mujeres líderesas de organizaciones sociales, partidos políticos, consejos de desarrollo y diferentes sectores representativos. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto “Construyendo la Participación Integral de Mujeres Indígenas”, gracias a la cooperación del Gobierno de Noruega.

La Escuela busca fortalecer, de forma integral, las capacidades de mujeres jóvenes indígenas a fin de incentivar su participación activa en los procesos cívicos y políticos del país. Esto a través de la generación técnica de conocimientos y habilidades de participación e incidencia en espacios de toma de decisiones. Asimismo, tiene como propósito fundamental fortalecer sus conocimientos y habilidades de participación e incidencia en espacios de toma de decisiones. La Escuela fue inaugurada en noviembre 2022 y se implementará en los próximos tres años.

Se priorizaron los departamentos de Quetzaltenango, con una alta población Maya Mam, y el departamento de Sololá, con población perteneciente en su mayoría a los grupos étnicos K'iche', Kaqchikel, Mam, T´zutujil y Sipakapense, como los territorios de implementación del proyecto.

La Escuela de Formación de Lideresas Indígenas ha determinado cinco estrategias principales:

1.     Procesos de formación básico, intermedios y avanzados dirigidos a fortalecer las habilidades y capacidades cívico-políticas

2.     Procesos de formación especializados que promuevan una participación cívico-política efectiva de mujeres jóvenes indígenas dentro de los espacios que se desenvuelven.

3.     Talleres de capacitación para fortalecer sus conocimientos sobre administración pública y para potencializar su incidencia en diferentes espacios de interlocución.

4.     Programa integral de becas y pasantías para mujeres jóvenes indígenas que tenga como propósito promover su inclusión en instituciones y espacios clave de la gobernabilidad democrática del país, así como acompañar a lideresas indígenas guatemaltecas.

5.     Red de lideresas indígenas a nivel nacional y territorial que promueva estrategias para promover mayores niveles de participación e incidencia cívica y política de mujeres jóvenes indígenas en espacios clave para la toma de decisiones.

La Escuela de Lideresas tiene como fundamento garantizar que mujeres jóvenes indígenas comprendan la importancia de participar en procesos cívicos y se les proporcionen procesos de formación, herramientas y medios para su participación activa en los procesos políticos de gobernabilidad y consolidación de la paz, como potenciadoras y agentes de cambio y transformación social.