Contexto:

De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande en América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2022). No obstante lo anterior, 36.3% de la población (46.8 millones de personas) en el país se encuentra en situación de pobreza multidimensional y 43.5% (56.1 millones de personas) está por debajo de la línea de pobreza por ingresos (CONEVAL, 2022). Lo anterior, sumado a que más de la mitad de la economía del país está en la informalidad (INEGI, 2022), lo que plantea una serie de limitantes para que la población mexicana acceda al sistema financiero, el cual puede proveer diferentes instrumentos para aumentar la resiliencia de la población (como cuentas de ahorro y/o productos de aseguramiento). 

En ese sentido, México se encuentra en la cuarta posición más baja de inclusión financiera en América Latina y el Caribe, al considerar que 32.2% de la población no tiene acceso a algún producto financiero formal.

Particularmente, el producto que más rezago presenta en la inclusión financiera de la población es el seguro, ya que solo el 21% de la población en México tiene algún tipo de seguro, situación que varía y empeora en grupos de personas que han sido tradicionalmente excluidas, como las mujeres y/o las personas en comunidades rurales.

Por otro lado, la complejidad y heterogeneidad, geográfica, demográfica y poblacional del país supone retos en el financiamiento de riesgos, dado que México es un país expuesto y vulnerable al cambio climático. El impacto de este fenómeno se ha manifestado en eventos hidrometeorológicos de gran intensidad y frecuencia, lo que ha generado pérdidas y daños humanos, económicos, sociales y ambientales, principalmente en la población de menores recursos y con mayores rezagos socioeconómicos. Particularmente, las pérdidas y daños ocasionados por desastres naturales se calcula que son de $31,862 millones de pesos (ASF, 2020). 

Esta materialización de los impactos sociodemográficos, fiscales y financieros que tienen los desastres naturales, hace que el financiamiento de riesgos sea fundamental para el sector público. Por esto, se han generado mecanismos desde este sector para mitigar los riesgos de estos desastres. Entre ellos, se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (creado en 1996 y extinguido en 2021), los bonos catastróficos de pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales y otros mecanismos de empresas paraestatales y bancos de desarrollo (como Banco Mundial y AGROASEMEX). Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para cubrir los riesgos actuales. 

En esta línea, la inclusión financiera de seguros entre la población mexicana permitirá que ésta tenga una red de protección ante eventos inesperados, aumentando, a su vez, su resiliencia (entendida como la capacidad que tienen las personas de superar situaciones adversas o los choques económicos negativos). 

De la misma manera, los productos de aseguramiento permiten proteger los bienes, activos e inversiones de las personas, así como aumentar su ingreso de manera constante y segura, lo que culmina en la adquisición de bienes y servicios que son esenciales para un correcto desarrollo humano (como asistencias médicas, educación, vivienda, etc.). 

Finalmente, un aumento en la tenencia de productos de aseguramiento conllevará a que exista un crecimiento económico en el país y un mejor entorno macroeconómico, dado que las compañías aseguradoras acrecentarán sus inversiones e intervenciones en el territorio mexicano. Por otro lado, un mejor financiamiento de riesgos, con estrategias y políticas públicas completas, coordinadas y eficientes, conlleva a que el país esté mejor preparado para hacerle frente a los desastres naturales, sin tener que invertir demasiado capital cuando éstos sucedan y garantizando que las poblaciones más vulnerables no sean quienes padezcan las consecuencias más dañinas de estos. En ese sentido, este aseguramiento garantiza que ese recurso monetario pueda utilizar en otras prioridades del país que permitan un desarrollo social y económico eficiente y redistributivo, sin dejar a nadie atrás.