Originalmente en Gestión

La respuesta del Estado para “aplanar la curva”, ampliamente respaldada por la ciudadanía, ha sido rápida y firme, y ya se empiezan a conocer los primeros casos de recuperación. Sin embargo, tomando en consideración la dinámica de la enfermedad en otros territorios, incluso los que han respondido de forma más temprana, los días más difíciles están aún por venir, y no solo por razones epidemiológicas.

Aunque por el momento la mayoría de los casos se concentran en Lima (cerca del 77%), las capacidades del Estado para el diagnóstico y tratamiento están aún por desarrollarse en el territorio. Aunque desde el primer día se pusieron en marcha medidas para cerrar la brecha a nivel subnacional, lo cierto es que esta no será tarea sencilla.

Según nuestro último Índice de Densidad del Estado, al menos 107 de las 196 provincias en el país tienen menos de 10 médicos por cada 10,000 habitantes. Esta situación puede ser más complicada en territorios con una alta predominancia de población adulta mayor, como algunas zonas rurales e indígenas, ya que este grupo (80 años a más) representa 1 de cada 6 casos diagnosticados de Covid-19, la tasa de incidencia más alta por grupo poblacional.

Sin embargo, la presión que la pandemia ejercerá sobre el sistema de salud peruano es solo parte del problema. Con el cierre de fronteras, la ralentización de los mercados bursátiles y de economías internacionales que representan aliados comerciales fundamentales para el país, así como la implementación de medidas que afectan la productividad interna, el potencial impacto económico y social del Covid-19 es aún incierto.

Inmediatamente, ya ha puesto en jaque a personas que dependen de ingresos diarios para subsistir, y dependiendo de la duración de medidas como la cuarentena, a sectores enteros, como el de turismo, el de servicios urbanos, y a quienes dependen de la llamada “sharing economy”, que no son empleados sino usuarios de plataformas de provisión de servicios. De lo que no queda duda es que golpeará de una manera más crítica a las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes: personas en trabajos informales o precarios, migrantes, hogares con un solo ingreso, poblaciones indígenas y rurales.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, en 2019, cerca de 1 millón de personas en Perú estaban en riesgo de recaer en la pobreza si sus ingresos se redujeran, en promedio, un 7%. Estas personas pertenecen lo que el Banco Mundial denomina como “clase vulnerable”, con ingresos de entre S/ 777 y S/ 1,942 al mes, lo que los deja sumamente expuestos a shocks exógenos como una enfermedad en la familia, la pérdida del trabajo, la reducción de horas laborales, entre otras. Estas son precisamente dinámicas que se exacerbarán en el estado de pandemia en el que nos encontramos.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hemos visto y brindado soporte al Perú en su lucha contra la pobreza en las últimas dos décadas. Ahora, el país tiene la oportunidad de seguir demostrando su liderazgo a nivel regional en la afronta del Covid-19, protegiendo a las personas no solo de la enfermedad, sino también de la precarización de sus condiciones de vida.

En ese sentido, medidas como la aprobación de un fondo de asistencia para personas en situación de pobreza y pobreza extrema es fundamental, pero invisibiliza la dimensión de vulnerabilidad en la que vive un tercio de la población, muchas de las cuales dirigen o trabajan en las microempresas que incrementaron la resiliencia de la economía nacional ante la última crisis global, en el año 2008.

Por todo lo expuesto, el verdadero impacto del Covid-19 será complejo y se vivirá más allá de los promedios nacionales. Por eso, exige soluciones integrales que pongan a las personas en el centro, enfrentando el impacto socioeconómico en las familias y las posibles vulneraciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Así como en otros países ya se experimenta un incremento de la xenofobia ante personas de ascendencia asiática, el grupo de migrantes venezolanos, ampliamente empleados en el sector informal, se podría encontrar en riesgo.

Una malla de políticas que complemente el estudio de los impactos socioeconómicos a nivel agregado con análisis micro sobre las economías en hogares de poblaciones vulnerables, sus ingresos, su acceso a servicios sociales, es fundamental. Del mismo modo, es clave analizar cómo en la evolución de este escenario se ven afectadas o acrecentadas las disparidades de género en el mundo socioeconómico.

Este será un reto que requiere el liderazgo del Estado, pero el soporte de todos los sectores sociales, particularmente del sector privado y una ciudadanía activa que ha respondido, en su gran mayoría, con solidaridad, responsabilidad y creatividad a este escenario. Las tecnologías de la información y la innovación social abren nuevas rutas a explorar que ya se sienten en el país, desde profesionales que ofrecen voluntariamente su apoyo a través de redes sociales, hasta fiestas por Google Hangouts para lidiar con los impactos en la salud mental producidos por la cuarentena. Sin ir muy lejos, a través del soporte que el PNUD está brindando al Proyecto Especial Bicentenario, se ha lanzado un programa de voluntariado ciudadano para responder, vía teléfono y plataformas digitales, las consultas ciudadanas sobre la enfermedad y reforzar la capacidad de atención de la línea 113 del Ministerio de Salud.

Es un momento atípico en una población que, según análisis del Latinobarómetro, se siente en su mayoría desvinculada del Estado. Por ello, no puede ser desaprovechado si queremos que, ante la amenaza del COVID-19 y otras vulnerabilidades, verdaderamente nadie se quede atrás.