Antecedentes

En el contexto de crisis por COVID-19 y en el proceso de recuperación, se identificó la necesidad de garantizar una rápida respuesta del sistema de justicia. En Guatemala persisten brechas significativas en el acceso a la justicia en diferentes regiones del país, particularmente de poblaciones y grupos tradicionalmente excluidos como pueblos indígenas y mujeres. El acceso de estas poblaciones a la justicia ordinaria con pertinencia cultural y lingüística es limitado especialmente en zonas rurales. Según el Análisis de los Efectos e Impactos Socioeconómicos COVID-19 en Guatemala, la pandemia por COVID-19 acentuó la crisis en el sistema de justicia debido a la falta de protocolos y procedimientos para actuar ante la crisis sanitaria, aunado al limitado acceso a nuevas tecnologías por razones presupuestarias.    

 
La limitada cobertura a nivel de cabeceras municipales de órganos especializados de justicia (Juzgados de Primera Instancia) requiere que las y los usuarios deban movilizarse desde la cabecera municipal hacia la cabecera departamental para comparecer a las audiencias y diligencias judiciales. Esta movilidad requiere la inversión de tiempo, recursos económicos e incluso perdida de días laborales según la distancia que el usuario deba recorrer. Con la presencia de COVID-19 está movilidad disminuyó significativamente, impactando directamente en factores como el congestionamiento en juzgados de primera instancia, altas tasas de reprogramaciones y con ello un aumento de la mora judicial. En un contexto que se ha visto impactado por los efectos de COVID-19, y en el proceso de recuperación, es urgente desarrollar herramientas digitales para mejorar y asegurar la continuidad de la prestación de servicios a nivel local colocando a las personas al centro y considerando los principios de “no dejar a nadie atrás” y “no hacer daño” a partir de un enfoque de derechos humanos.