De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia¹.

La Subsecretaría en Prevención y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad con el apoyo del PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto Regional Infosegura trabaja actualmente en una nueva propuesta de "Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana con Enfoque de Género y Derechos Humanos", que incluye acciones dirigidas a enfrentar los factores de riesgo asociados a la violencia y convivencia y fomente la prevención de la misma y el fortalecimiento de la convivencia pacífica, basada en evidencia científica y utilizando una metodología altamente participativa con el fin de atender las demandas de la ciudadanía en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

La nueva política pública de seguridad ciudadana se desarrollará utilizando una metodología participativa en base a cinco ejes estratégicos: género y derechos humanos; prevención de la violencia y el delito; control de la violencia y el delito; convivencia y cohesión social y atención y protección a víctimas.

Metodología participativa, centrada en las personas

Las jornadas de consultas ciudadanas tuvieron como objetivo recibir propuestas para la construcción de una política de seguridad ciudadana con enfoque integral y centrada en las personas, de las cuales participaron 16 instituciones del Estado (40 personas: 23 mujeres y 17 hombres), Instituciones de la plataforma Red Pública², (24 personas: 12 mujeres y 12 hombres), Grupo de Jóvenes (18 personas: 10 mujeres y 8 hombres) y Grupos con Mujeres (19 mujeres).