La inflación es uno de los factores detrás de estos cambios. El aumento del costo de vida tras la pandemia afectó más a los hogares urbanos, empujándolos a la pobreza y empeorando las condiciones de vida de aquellos que ya eran pobres. Los hogares urbanos están además más vinculados a la economía de mercado que los rurales, lo que los hace más vulnerables a las fluctuaciones económicas y a los cambios en el empleo que las acompañan. En contraste, los medios de vida rurales permiten a los hogares diseñar estrategias informales como la agricultura de subsistencia, la reasignación de trabajo, el apoyo de la comunidad o la venta de activos como el ganado, para hacer frente a los choques. Estas son opciones que los residentes urbanos generalmente no poseen. Por último, la pobreza urbana suele concentrarse en asentamientos informales en las periferias de las ciudades, donde el hacinamiento y el acceso limitado a servicios básicos crean desafíos adicionales. 

Esto implica que abordar la pobreza en áreas urbanas y rurales requiere estrategias diferenciadas. Las políticas que funcionan en áreas rurales, como promover la productividad agrícola y mejorar el acceso a activos y mercados, no satisfacen plenamente las necesidades de los pobres urbanos, donde los crecientes costos de la vivienda y la inflación de los alimentos son preocupaciones relevantes. Sin embargo, únicamente reducir la pobreza no es suficiente: la política pública también debe enfocarse en fomentar la resiliencia de los hogares. Al apoyar a las familias en la construcción de activos que puedan ayudarlos a enfrentar choques futuros, las políticas públicas pueden proteger los avances en desarrollo humano y reducir el riesgo de recaer en la pobreza.