• La campaña busca llegar a más de nueve mil personas vinculadas a la agricultura para lograr una gestión adecuada de envases de pesticidas.
• El Ministerio del Ambiente impulsa el fortalecimiento institucional para la gestión adecuada de sustancias químicas peligrosas

El  Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Agrocalidad, presentó la campaña nacional ‘Aliados del Ambiente’, que será implementada por el Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida,  con el objetivo de promover la gestión adecuada de envases de plaguicidas y combatir los principales problemas socio-ambientales que se derivan de la contaminación generada por las sustancias químicas.

Ramiro Montalvo, viceministro del Ambiente, señaló la importancia de desplegar acciones para mitigar el impacto que los envases de plaguicidas pueden generar en el ambiente e instó a la ciudadanía a unirse a esta iniciativa que promueve acciones preventivas para el cuidado de la salud y la naturaleza. “Solamente con un trabajo articulado de todas las personas, desde instituciones públicas, empresas, agricultores, distribuidores hasta consumidores podemos reducir los riesgos a la salud causados por este tipo de sustancias”, puntualizó el viceministro.

Por medio de esta propuesta se busca llegar a más de nueve mil personas vinculadas a la agricultura para que conozcan los pasos que deben seguir para lograr una gestión adecuada de los envases de plaguicidas, pues, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los usuarios de estos productos tienden a quemarlos, enterrarlos y reutilizarlos.

Pamela Ruales, coordinadora general de Registros de Insumos Agropecuarios de AGROCALIDAD, entidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, resaltó la alianza interinstitucional para promover el lanzamiento de la campaña ‘Aliados del Ambiente’ afirmando que “trabajar en equipo da resultados”.

AGROCALIDAD estará apoyando en el seguimiento y difusión directa a distribuidores y almacenistas.

Por su parte, Matilde Mordt, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó que  “cada vez, con más fuerza, se siente la urgencia por cambiar nuestros modelos de consumo y producción. Hay una coalición inigualable entre los sectores público y privado, colaboración interinstitucional y multisectorial”.

La representante enfatizó que sin buenas prácticas de gestión, los productos químicos y sus desechos peligrosos pueden presentar riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente, especialmente para las personas más pobres y para las economías en países en vías de desarrollo, y citó un estudio de 2017, de Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública de Francia, que indica que los costos asociados con las exposiciones químicas ambientales pueden exceder el 10% del producto interno bruto mundial.

Por estos motivos, señaló que se deben integrar la gestión de productos químicos en los marcos nacionales de planificación ambiental y de reducción de la pobreza y abordar los patrones de consumo y producción insostenibles, que conducen al agotamiento de los recursos, la generación de desechos y la contaminación.

Finalmente, hizo un llamado a distribuidores y fabricantes, para que se responsabilicen del producto que comercializan y demuestren su compromiso con el ambiente y la sociedad, y a agricultores para que reduzcan los riesgos para la salud humana y el ambiente.

Compromisos nacionales e internacionales

Las autoridades recordaron la importancia de sumar esfuerzos para promover la gestión adecuada de sustancias peligrosas.

Esta meta, asumida por Ecuador para los próximos cinco años, pretende generar herramientas y mecanismos de articulación intersectorial, promover estrategias de eliminación y disminución del uso de sustancias tóxicas, y sensibilizar sobre una gestión adecuada que abarque producción, venta, uso, almacenamiento y gestión final del desecho.

Ecuador es parte del Convenio de Estocolmo por el cual se dispone la obligación de asegurar que los desechos de sustancias peligrosas se gestionen de forma ambientalmente adecuada, para proteger la salud humana y el ambiente del impacto de químicos nocivos, en particular de contaminantes orgánicos persistentes y mercurio.

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