La protección social en la República Dominicana resulta de una combinación de programas de seguridad social en modalidades contributiva y no contributiva, regulaciones laborales en materia de estabilidad en el empleo y de salarios mínimos para un subconjunto de trabajadores, y programas contra la pobreza. Las cotizaciones a la modalidad contributiva y los costos de la contratación formal varían según el sector y tamaño de las empresas. Sin embargo, los beneficios que reciben los trabajadores son inferiores a los costos, lo que genera incentivos en contra de la formalización y el crecimiento de las empresas. Por otro lado, los programas no contributivos subsidian el empleo informal. Esta combinación de políticas desalienta la productividad y las oportunidades para que los trabajadores dominicanos obtengan empleos con ingresos más altos, lo que a su vez impone un peso importante en programas compensatorios para las familias pobres. Más allá de las buenas intenciones, la superposición entre lo contributivo y lo no contributivo lleva a un equilibrio de baja efectividad de la protección, poca redistribución y baja productividad. La solución a este problema debe apuntar al foco de este, la legislación laboral. Esta fue importada de otras realidades hace muchas décadas y, en una medida importante, se incumple. Modernizar la legislación es esencial para fortalecer los esfuerzos de protección social y llevar la economía a un equilibrio con mayor inclusión social y progreso compartido.