LocationsAyer por la tarde tuvo inicio la actividad de formación “Herramientas para la implementación del Acuerdo de Escazú desde la perspectiva de la defensa pública”, que organizan en conjunto el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD).
Se inauguró la formación "herramientas para la implementación del Acuerdo de Escazú desde la perspectiva de la defensa pública"
12 de Septiembre de 2024
La Coordinadora de Programa de PNUD, María Eugenia Di Paola durante la primera sesión de la capacitación.
Previo al comienzo del curso, que se realiza de manera virtual, tuvo lugar un acto inaugural en el que participaron la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, y el Representante Residente Adjunto de la Oficina del PNUD en Argentina, Carlos Arboleda.
Durante su intervención, la Dra. Martínez destacó que esta actividad se enmarca en el memorándum de entendimiento firmado de manera reciente entre el PNUD y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y rememoró el trabajo conjunto que ambas entidades realizan desde 2022 sobre medio ambiente y otras temáticas. También resaltó la importancia de involucrar en esta experiencia de formación a las instituciones de defensa pública de Argentina que integran el Consejo Federal.
“El acceso a la información y a la justicia son indispensables para velar por la conservación del ambiente. Por eso, las y los integrantes de las defensas públicas del país necesitamos formarnos para brindar orientación y asistencia a los grupos vulnerables y para promover sus derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es importante que tomemos conciencia y seamos protagonistas en la temática de la protección ambiental, para lo cual debemos comprometernos en capacitarnos sobre la cuestión”, concluyó.
A su turno, el Representante Adjunto Arboleda, manifestó que la realización de esta actividad, en conjunto con el Consejo Federal, representa una gran satisfacción para el PNUD. Asimismo, agradeció a los integrantes de las defensorías por sumarse y celebró la representación provincial en el grupo de docentes y el público asistente. “Esperamos que esta iniciativa de promoción catalice a la implementación del Acuerdo de Escazú en la Argentina y en el resto de la región”, afirmó.
La Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez y el Representante Residente Adjunto de la Oficina del PNUD en Argentina, Carlos Arboleda durante la capacitación.
Esta primera sesión contó con las exposiciones de la Coordinadora de Programa de PNUD Argentina María Eugenia Di Paola y el Profesor invitado Andrés Nápoli, Vicepresidente del Comité de Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, quienes abordaron la temática de los derechos de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, contenidas en el décimo principio de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el “Acuerdo de Escazú”. Por otra parte, se brindaron nociones del derecho a un ambiente sano y se trató el estado de situación en Argentina y la región.
El curso continuará el próximo miércoles con la intervención de integrantes de la defensa pública del ámbito provincial y federal, quienes compartirán experiencias de litigio y buenas prácticas acerca del acceso a la justicia en cuestiones ambientales y plantearán sus mayores desafíos actuales. Para la tercera y última sesión se prevé una exposición a cargo del equipo del PNUD sobre la protección especial que el Acuerdo de Escazú contempla para los defensores de Derechos Humanos y se reflexionará sobre las herramientas que pueden ser aplicadas por las instituciones de defensa pública a fin de garantizar un acceso a la justicia ambiental.
El Acuerdo de Escazú
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el primero de la región sobre cuestiones ambientales y, además, es pionero a nivel mundial por contener disposiciones específicas para proteger a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. El “Acuerdo de Escazú” cuenta con la aceptación de 16 Estados Partes en la región; entre ellas la República Argentina, que lo aprobó en 2020 mediante la ley 27566.
