La desigualdad en América Latina ha incrementado ciertas problemáticas de la región después del inicio de la pandemia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Blavatnik School of Goverment de la Universidad de Oxford han demostrado con el Tablero Mundial sobre la Equidad en materia de acceso a Vacunas contra la COVID-19 que los países de bajos ingresos han perdido 38 billones de dólares debido a la desigualdad que existe entre países para la adquisición de la vacuna.

Esta desigualdad de acceso tendrá un efecto duradero y profundo en la recuperación socioeconómica de países como Honduras si no se adoptan medidas urgentes que garanticen un acceso equitativo a la misma.

"En algunos países de ingreso bajo y mediano, menos del 1% de la población está vacunada, lo que contribuye a que la recuperación de la pandemia de COVID-19 sea de dos vías", dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner.

A la vez, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, afirmó que “[la] desigualdad en materia de vacunas es el mayor obstáculo a nivel mundial para acabar con esta pandemia y recuperarse de la COVID-19”, y expresó que “[desde] el punto de vista económico, epidemiológico y moral, lo mejor para todos los países es utilizar los últimos datos disponibles para poner a disposición de todos, las vacunas que salvan vidas.”

Sin apoyo urgente, los países de ingreso bajo seguirán enfrentando los efectos económicos de la COVID-19 durante varios años. Estos efectos incluyen una disminución significativa de los ingresos de los 2.000 millones de personas que integran la fuerza de trabajo informal a nivel global, en la que muchas personas, de las cuales la mayoría son mujeres, viven en países de ingreso bajo. Según el Tablero, en 2020, los trabajadores informales experimentaron una disminución del 60% de sus ingresos. Para muchas personas en países de ingreso bajo y mediano, las oportunidades de empleo siguen siendo limitadas, restringidas por las bajas tasas de vacunación, que llevan a la adopción de medidas de confinamiento. En combinación con las bajas tasas de protección social, los grupos vulnerables seguirán cargando con el peso de las consecuencias económicas de la COVID-19.

Ahora bien, dentro de la complejidad de las desigualdades son los múltiples esfuerzos que se realizan para disminuirlas los que debemos celebrar. Los esfuerzos colectivos de las distintas oficinas de las Naciones Unidas en Honduras han representado una gran ayuda necesaria para combatir la expansión de las brechas de desigualdad. El PNUD da por ejemplo su apoyo a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en el desarrollo de los procesos de compras y contrataciones de los bienes que se requieren para el combate del COVID-19. A la vez, apoya con las medidas que le son posibles para la reactivación económica del país para que logre levantarse de los estragos causados por la pandemia.

Impulsados por los exhaustivos datos del Tablero como herramienta de promoción de políticas basada en datos empíricos, debemos actuar ahora para fomentar rápidamente el acceso a las vacunas contra la COVID-19, a fin de cumplir el objetivo de vacunar al 70% de la población de todos los países al finalizar la primera mitad de 2022. El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX por sus siglas en inglés) ha avanzado en la entrega de dosis de vacunas a los países más necesitados, pero requiere una acción colectiva para alcanzar su objetivo de entregar 1.800 millones de dosis a 92 países de ingreso bajo para principios de 2022. Los fabricantes deberían complementar estos esfuerzos intercambiando conocimientos y tecnología para acelerar y ampliar la producción de vacunas en países de ingreso bajo y mediano, y reducir al mismo tiempo el costo de las vacunas.

Una recuperación más justa, más rápida y sostenible de la COVID-19 está a nuestro alcance. Los conocimientos aportados por el Tablero Mundial sobre la Equidad en materia de acceso a Vacunas contra la COVID-19 constituyen una base empírica para actuar y proteger las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas.