La pandemia del COVID-19 y la crisis de gobernabilidad en América Latina y el Caribe nos han recordado una perogrullada: para lograr resultados diferentes, tenemos que actuar de manera diferente. Esto es especialmente cierto si queremos aprovechar el potencial del sector privado para crear nuevos empleos decentes, reducir la pobreza, generar riqueza y contribuir al desarrollo. La pandemia fue y sigue siendo un desastre para muchas empresas. Sin embargo, también podría ser un impulso para remodelar las asociaciones entre estas y el Estado, y animarlas a actuar de forma respetuosa con los derechos humanos para avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No sólo negocios

La idea de que el negocio de las empresas no es sólo hacer negocios no es nueva. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se remonta a mediados del siglo XX, evolucionando desde entonces como un modelo de autorregulación empresarial con el objetivo de que estas sean socialmente responsables y como medio de potenciar su imagen. Sin embargo, el marco de la RSE seguía siendo insuficiente para definir las obligaciones de las empresas con sus empleados, las comunidades donde operan y el medio ambiente.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), que animan al sector privado a respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente y facultan al Estado a proteger a sus ciudadanos de las violaciones de sus derechos por parte de las empresas. En la práctica, esto significa que se espera que las empresas vayan más allá del principio de "no hacer daño" y emprendan acciones para respetar los derechos humanos.

Un concepto clave introducido por los PRNU para reimaginar el nuevo papel de las empresas es la "debida diligencia", que implica que las empresas deben (a) identificar y evaluar los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos; (b) integrar las conclusiones de las evaluaciones de impacto en sus procesos; (c) supervisar la eficacia de las medidas adoptadas, y (d) comunicar cómo están respondiendo a los impactos adversos y demostrar que se adoptan políticas y procesos adecuados para respetar los derechos humanos.

Cooperación en acción

Naturalmente, cada vez que la pandemia lo ha permitido, el sector privado ha buscado desesperadamente recuperar las utilidades y compensar las pérdidas. Para apoyar a las empresas en sus esfuerzos por recuperarse, y garantizar que este proceso se ajuste a los principios de los derechos humanos, el PNUD desarrolló una sencilla herramienta. Se trata de un documento titulado Derechos Humanos y Diligencia debida COVID-19: Autoevaluación rápida para empresas que presenta la lista de posibles acciones que "permite una reflexión rápida pero continua sobre los riesgos e impactos de los derechos humanos comunes a muchas industrias". En particular, esta herramienta se hizo muy popular entre las empresas de Asia, donde se lanzó por primera vez, y posteriormente en el resto del mundo. Se ha traducido a 11 idiomas y se ha descargado más de 7,800 veces sólo desde el sitio web del PNUD.

En América Latina y el Caribe tenemos buenos ejemplos de soluciones innovadoras y eficaces para los retos del desarrollo sostenible. En Perú, donde se perdieron más de 2 millones de empleos en micro y pequeñas empresas, el PNUD puso en marcha un programa que acompaña a los microempresarios afectados por la pandemia a reactivar y recuperar sus negocios. En República Dominicana, promovimos el empleo y otras oportunidades para las personas con discapacidad, y en Argentina, el PNUD apoyó a una joven empresa local en el desarrollo de un prototipo de respirador para ayudar a los pacientes infectados con COVID-19. Basarse en estas buenas prácticas emergentes y desarrollar políticas respaldadas por la evidencia debería ser la forma de afrontar la "nueva normalidad" que ha traído la pandemia.

El camino por seguir: inclusión e innovación

La experiencia del PNUD ha demostrado que cuanto más inclusivo sea el discurso sobre la responsabilidad de las empresas, más probable será que estas adopten medidas para respetar los derechos humanos y actuar de forma sostenible. Por lo tanto, el proceso de recuperación económica de la COVID-19 debe garantizar la participación y el compromiso significativos de los empleados y las distintas comunidades, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

También debemos priorizar un compromiso con la innovación que alinee los intereses de los empresarios y los accionistas privados con el desarrollo sostenible. Esto ayudará a establecer el desarrollo y la consecución de los ODS como un eje fundamental y no negociable de sus modelos de negocio.

En el PNUD nos comprometemos a desarrollar las capacidades de quienes participan en este proceso, ya sea a nivel estatal, dentro de la sociedad civil o en asociación con el sector privado. Nuestra organización seguirá actuando como una fuerza positiva en este escenario sin precedentes, animando a las naciones y a las empresas a actuar de forma diferente y a hacerlo conjuntamente.