Las visiones de la ciudadanía sobre el Estado y el contrato social en América Latina y el Caribe se han deteriorado en los últimos años, sobre todo durante la pandemia y los desafíos de gobernabilidad que esta ha conllevado. Como resultado, la mayoría de las encuestas de percepción destacan la necesidad de una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Además, existe amplio consenso en que es necesario reducir la corrupción para permitir una recuperación efectiva y sostenible.

La corrupción es una preocupación primordial para la ciudadanía de la región. Cuando se pregunta sobre los principales problemas que afectan a los países, sistemáticamente la corrupción surge como uno de ellos. Por eso no debería sorprender que el efecto combinado de la corrupción percibida y el desempeño económico percibido “explican cerca del 80% de la variación de la satisfacción con el funcionamiento del sistema político entre los países de la región”.

La corrupción es un fenómeno sistémico. Es al mismo tiempo un fracaso de la gobernabilidad y del desarrollo. Y para abordarla de manera rigurosa, debemos comprender cómo funciona el estado de derecho y cómo se pueden cambiar los incentivos en la aplicación de las reglas y los procedimientos.

La fórmula de la corrupción

En una reciente capacitación al funcionariado de alta gerencia pública en Ecuador, invitamos al reconocido profesor Robert Klitgaard quien argumenta que la corrupción puede traducirse en la siguiente fórmula: corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia.  Y que es posible pensar en ella como un juego de probabilidades donde se evalúa el riesgo de ser descubierto en el acto de corrupción versus el beneficio personal que se podría obtener con el acto ilegal. Por ello, Klitgaard señala que la corrupción es un crimen de cálculo y no de pasión. Todo esto, agregamos nosotros, debe ser entendido en el marco de una cultura permisiva, que en nuestra región suele manifestarse de forma transversal en la administración pública y la sociedad.

La lucha contra la corrupción, por lo tanto, debe plantearse desde el entendimiento que la corrupción es sistémica y no un simple acto transaccional entre dos individuos. Para ello, se requiere subvertir los signos aritméticos de la ecuación del Prof. Klitgaard, poniendo el énfasis en la atención de los controles horizontales internos y enfoque más funcionales de rendición de cuentas. Para cambiar esos signos se necesita regular cuidadosamente los monopolios, limitar la discrecionalidad del funcionariado, e incrementar la transparencia. Además, la probabilidad de ser sorprendido cometiendo un acto corrupto debe aumentar, lo que se logra mediante controles internos y la reducción de la cultura permisiva.

El esquema de esta subversión en la fórmula puede ser graficado de la siguiente forma:

La cadena de la información

Queremos destacar algunos aspectos sobre la transparencia, como tercer componente de la ecuación de la corrupción. La transparencia también debe entenderse de forma sistémica pues, como esfuerzo aislado, resulta insuficiente, ya que corremos el riesgo de que se concentre únicamente en la disponibilidad de la información. La información no solo debe estar disponible, sino que requiere ser publicitada para que sea fácilmente accesible y debe responder a un criterio de rendición de cuentas para que sea accionable. Es decir, la información a la que se accede debe potencialmente servir para lograr un impacto efectivo en las políticas públicas anticorrupción y servicios concretos que consume la ciudadanía.

En el PNUD, nos referimos a este proceso como la cadena de la información pública. A diferencia de la transparencia que se concentra en la mera disponibilidad de la información, la cadena de la información es más amplia y se encuentra orientada a lograr un incremento de la efectividad de la gestión pública. De ahí que, junto a la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas sean condiciones claves para implementar iniciativas anticorrupción de mayor efectividad.

En esa línea de ideas, el PNUD trabaja con un enfoque preventivo de la corrupción. Por ejemplo, en Ecuador, además de la formación al funcionariado público, se apoya en tres ejes fundamentales relacionados a las adquisiciones públicas:  la revisión del marco normativo; la creación de un programa de compliance; y la revisión de procesos de compras públicas en sectores clave a fin de simplificar procesos y minimizar riesgos de corrupción.

En resumen, una manera de combatir la corrupción es cambiando los signos aritméticos de su ecuación, tejiendo una cadena de información y generando incentivos para el cambio positivo. No es un asunto que pueda relegarse. La corrupción socava el desarrollo humano, aumenta la desigualdad y obstaculiza el desarrollo, así que combatirla es central para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030.