En marzo del 2020, los gobiernos de América Latina y el Caribe comenzaron a declarar medidas excepcionales de emergencia ante el arribo de los primeros contagios confirmados por la COVID-19. Rápidamente creció la incertidumbre tanto sobre la respuesta sanitaria como por las consecuencias económicas y sociales. Pronto comprendimos también sobre las consecuencias políticas y la profundización de la crisis como una de gobernabilidad.
Para alcanzar la “nueva normalidad mejorada” se requieren respuestas innovadoras basadas en una gobernabilidad efectiva y democrática y reconocer que la confianza en las instituciones públicas es indispensable para la cohesión social y el desarrollo en democracia. Sin embargo, en América Latina la satisfacción con el funcionamiento de la vida política tiene una tendencia a la baja desde 2010. En un análisis realizado anteriormente encontramos que el efecto combinado de la corrupción percibida y el desempeño económico percibido fueron las principales causas de esta desconfianza.
Ante la actual crisis de gobernabilidad, las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil deben orientar las aspiraciones de la ciudadanía y transformarlas en resultados concretos. Para esto, los Estados deben habilitar oportunidades de desarrollo e innovación, aprovechando las herramientas digitales en los servicios públicos, promoviendo mayores de espacios de participación ciudadana y mejorando su lucha contra la corrupción para recuperar la confianza de la sociedad.
A continuación, sugerimos al menos dos oportunidades que se pueden aprovechar para responder de manera más efectiva a la gobernabilidad en democracia.
Digitalización integral de servicios públicos
Con el contexto de confinamiento, muchas instituciones públicas migraron a un proceso de digitalización para adaptarse a las demandas ciudadanas, mejorar los servicios a la ciudadanía y simplificar trámites.
Por ejemplo, con una adecuada interoperabilidad e integración, se podría eximir presentar información o documentos a una institución pública que ya se encuentren a disposición de algún otro órgano del Estado. Para ello, se necesita de propuestas de leyes sólidas, acuerdos políticos transparentes y una adecuada implementación, pero se trata de un camino que puede mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas y tener impacto positivo en la confianza hacia las instituciones.
Durante el 2021, el PNUD a través de SIGOB ofreció soluciones de digitalización con el Sistema de Servicios Ciudadanos (SOL). En concreto, se transformaron más de 20 servicios como certificados, registros de marcas o emisión de permisos sanitarios a un formato online. Esto benefició a más 500 mil personas en Honduras, El Salvador, Colombia y República Dominicana.
Nuevas plataformas para la participación cívica vinculante
El clima de desconfianza pública sobre las instituciones pública exige la creación de nuevas plataformas que permitan una fiscalización ciudadana para aumentar la transparencia e incentivar la participación ciudadana en espacios colaborativos. En la región, el PNUD ya tiene ejemplos de apoyo a plataformas cívicas que la ciudadanía puede utilizar para promover la incidencia y fortalecer la cultura democrática.
La iniciativa Ágora en Panamá ha sido un catalizador para construir el desarrollo de forma inclusiva. La plataforma registró 186,000 propuestas ciudadanas que resultaron en 1,361 acuerdos regionales y 187 acuerdos de políticas públicas en 11 áreas temáticas. Con ello se promueve la participación de los ciudadanos para buscar soluciones de políticas públicas y brindar una voz, en el marco de redefinición del contrato social de ese país (Pacto del Bicentenario).
Redpública del Perú es otra plataforma de participación ciudadana para informarse, conectarse y compartir propuestas ciudadanas que serán canalizadas a tomadores de decisiones de todo nivel. Esta plataforma aglutina propuestas de la población para la creación de una agenda ciudadana y sirve para impulsar esas iniciativas a nivel nacional y subnacional.
SIGOB también promueve una metodología llamada FORO que permite la instalación de mesas de diálogos en instituciones públicas, acercando a la ciudadanía las problemáticas bajo una dinámica de copartipación para acordar decisiones y proponer soluciones. El ejemplo más reciente de este acompañamiento fue a la Alcaldía del Distrito Nacional de la República Dominicana para generar mesas temáticas.
Estos ejemplos son parte de una respuesta integral apoyada desde el PNUD que permiten la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones al mejorarlos servicios públicos y promover la generación de espacios cívicos donde los movimientos sociales puedan ser cocreadores de la agenda pública.