COVID-19 nos presenta una oportunidad sin precedentes para rectificar y hacer que las sociedades sean más inclusivas, eficientes y con mayores niveles de resiliencia a nivel individual e institucional. La recuperación se trata de una gobernabilidad efectiva y requiere un fuerte componente de transformación institucional para que sea efectiva, basada en la interacción con los ciudadanos, gestionada con transparencia y ajustada al estado de derecho.

Los ciudadanos estarán hambrientos y enojados al mismo tiempo. Hoy se estima que carca de 30 millones de personas en América Latina y el Caribe podrían caer en la pobreza debido a las necesarias medidas de respuesta a COVID19. Esto ejemplifica la fragilidad del crecimiento y la gobernabilidad, y al mismo tiempo representa un gran riesgo para la cohesión social y la coexistencia pacífica.

La gobernabilidad es el proceso habilitador de oportunidades para el desarrollo. Hoy, esta oportunidad es exógena; su respuesta requiere una gobernabilidad que fomente acuerdos para transformaciones institucionales y cree condiciones en las que la recuperación signifique que en futuras políticas de distanciamiento social, las instituciones continúen funcionando. Es decir, donde la interrupción se minimiza.

Hace solo un mes, argumentaba que América Latina y el Caribe enfrentaba cinco desafíos de gobernabilidad estructural que definirán la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante esta década. Estos desafíos están relacionados con déficits estructurales que con el auge de las redes sociales se están haciendo evidentes y desencadenan tensiones sociales, económicas y políticas, así como protestas sociales. Estos desafíos son:

1.      Gobernabilidad efectiva para permitir la generación de oportunidades equitativas

2.      Un cambio de las regla del juego (por ejemplo, políticas) para reducir las desigualdades

3.      Transformaciones institucionales para soluciones digitales

4.      Tolerancia a los derechos humanos

5.      Convivencia pacífica y seguridad ciudadana

Pero de repente, un virus invisible pero vicioso ha cambiado este argumento al revés. Lo hizo girar y convirtió la realidad en una sola realización. La vida es frágil y nuestra salud es débil. Si hubiéramos pensado que consolidar sociedades inclusivas, resilientes y eficientes significa sacar a la gente de la pobreza, la comprensión emergente es que será una tarea monumental por delante.

Para las economías de ingresos medios, que luchan por convertirse en sociedades de clase media, como las de América Latina y el Caribe, la gobernabilidad resulta ser el instrumento más relevante para la recuperación. Esto significa la creación de oportunidades para que las personas forjen sus destinos y colaboren. La gobernabilidad es el proceso mediante el cual se generan oportunidades (su aplicación está vinculada a la práctica de la democracia, así como a los derechos políticos y civiles que conducen al desarrollo sostenible).

COVID-19 está exponiendo desigualdades en nuevas dimensiones. Si bien el virus es verdaderamente democrático, nos afecta a todos independientemente de nuestra raza, etnia, género u origen; las consecuencias económicas y sociales de su impacto no son igualitarias, ya que son diferentes y más severas para los más vulnerables. La resiliencia necesita un nuevo nombre, ya que estamos a punto de comenzar una recesión, traerá de vuelta a la gente a la pobreza y aumentará la desconfianza de los ciudadanos (una mezcla explosiva).

COVID-19 y sus medidas de distanciamiento social están exponiendo nuevos desafíos de gobernabilidad y cohesión social. La responsabilidad de responder a la pandemia depende en gran medida del Estado, que como institución enfrenta una crisis de legitimidad y de confianza. Pero los ciudadanos ahora esperan que el Estado brinde servicios de salud, alivio, protección e incluso comodidad en este momento de incertidumbre. El Estado también se enfrenta a los peligros de la desinformación y las "noticias falsas" en mayor proporción. Y en las fases de recuperación posteriores a la pandemia, el Estado tendrá nuevamente la tarea de "reconstruir mejor" en la jerga de las operaciones de recuperación. Esto significa que el Estado deberá fortalecerse para que sea más adaptable, para lograr transformaciones institucionales y para la transición de proveer respuestas analógicas hacia soluciones digitales.

Entonces, los cinco desafíos de gobernabilidad que se pensaban anteriormente, siguen siendo válidos, pero además de ellos, uno más inmediato y urgente ha ocupado prioridad. Para enfrentar este nuevo desafío, hoy en día necesitamos tres vacunas:

1.      Una vacuna (o un tratamiento médico) contra el COVID-19, para que las personas dejen de morir en las proporciones que ahora están haciendo, y la propagación del contagio esté contenida. Debemos aprender a convivir con el virus.

2.      Una vacuna contra la desinformación y las "noticias falsas", ya hemos visto información que no es verdadera y que pretende confundir y generar temor en las poblaciones. Esta información errónea se utiliza principalmente como herramienta política para desacreditar al Estado, sus instituciones y líderes.

3.      Una vacuna para el Estado y las instituciones públicas en el sentido de que necesitan responder con niveles más altos de eficiencia en la provisión de servicios públicos. Por si fuera poco, los Estados deben hacer esto con mayor transparencia y co-creación para recuperar la confianza y la legitimidad de los ciudadanos.

Durante la pandemia, el sistema de salud público tiene todo el peso de la respuesta, pero también las instituciones públicas para garantizar que se mantenga la ley y el orden y prevalezca el estado de derecho. En los períodos posteriores a la pandemia, será un gran desafío restablecer la funcionalidad central del gobierno y el fortalecimiento de la provisión de servicios públicos, incluidos la administración y la justicia.

El enfoque del PNUD para enfrentar COVID19 es triple. Se trata de preparación, respuesta y recuperación. La gobernabilidad tiene un papel clave que desempeñar en estas tres etapas. Forjar acuerdos entre los actores para preparar, implementar planes de respuesta y estrategias que sean inclusivas y estén bajo el eje del estado de derecho. Pero lo más importante es que, para garantizar que los acuerdos consideren una recuperación que garantice que las instituciones sigan funcionando, la asistencia de socorro llega a donde más se necesita y se puede fortalecer la paz y la cohesión social. Está a punto de comenzar una nueva normalidad y el Estado debe estar preparado con estrategias efectivas de gobernabilidad.