Contexto:

México ha mostrado un sólido crecimiento económico posterior a la pandemia por COVID-19, con un crecimiento del 3.4% en 2023 y una proyección del 2.5% para 2024, no obstante, la desigualdad sigue siendo un obstáculo significativo para el país (OCDE, 2023). En este sentido, y a pesar de que la pobreza disminuyó un 5.6% entre el 2018 y 2022, 46.8 millones de personas (36.3%) aún viven en situación de pobreza multidimensional y 9.1 millones (7.1%) en pobreza extrema (CONEVAL, 2022). 

Adicionalmente, los choques externos tales como crisis económicas y sanitarias, así como desastres naturales, suelen exacerbar dichas desigualdades, haciendo que sus impactos sean más fuertes para la población más vulnerable y que ha sido históricamente excluida, tales como las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad y/o la comunidad LGBTIQ+. Lo anterior, debido a que no cuentan con la resiliencia, principalmente financiera7, para hacerle frente a estas afectaciones. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, de mayo de 2019 a julio de 2021, 1.6 millones de MIPyMES cerraron definitivamente (INEGI, 2021). En este sentido, el 32.4% de las empresas informales desaparecieron en comparación con solo el 23% de las formales (INEGI, 2021). Lo anterior, es significativo considerando que estas tienen un rol central en la economía mexicana y la capacidad para incidir en el desarrollo económico del país (IMCO, Intuit Quickbooks & U.S.-Mexico Foundation, 2021), ya que representan el 99.8% del total de los negocios y emplean a 27 millones de personas. 

Las MIPyMES, que suelen pertenecer al sector informal de la economía, enfrentan una serie de problemas estructurales y económicos que limitan su crecimiento y competitividad, principalmente aquellas lideradas por personas en situación de vulnerabilidad, entre estas, mujeres y jóvenes. Esto reduce sus capacidades para responder y recuperarse ante cualquier choque externo. 

Asimismo, la inclusión financiera es uno de los retos más grandes para el desarrollo sostenible en México. Lo anterior considerando que, aun cuando México es una de las 15 economías más grandes del mundo y tiene un desarrollo humano alto, el país tiene un rezago importante en materia de inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el 32.2% de las personas de entre 18 y 70 años no cuenta con ningún tipo de producto financiero formal. Estos datos se exacerban cuando se desagrega la información por sexo y grupo étnico y etario. Al respecto, solo 6 de cada 10 mujeres tiene una cuenta bancaria, frente a 7 de cada 10 hombres (CNBV & INEGI, 2021). 

La exclusión financiera inhibe el acceso a esquemas de ahorro formales y seguros, financiamiento y créditos, inversiones, aseguramiento, ahorro para el retiro, etc. Esta situación, impacta negativamente el desarrollo humano de las personas, el crecimiento de los negocios y el desarrollo sostenible de las comunidades. Consecuentemente, uno de los principales desafíos para México es lograr un desarrollo económico incluyente que beneficie a todos los sectores económicos, reduzca la pobreza, iguale las oportunidades de movilidad social y cierre las brechas entre regiones, localidades y grupos de población. 

Por ello, el PNUD en México impulsa la inclusión y el desarrollo económico del país con metodologías y herramientas de reactivación económica e inclusión financiera, posicionándose como un aliado estratégico para que el Estado mexicano planifique e implemente, con enfoque territorial, de población y con perspectivas de derechos humanos y género, estrategias inclusivas para generar prosperidad compartida que reduzcan la desigualdad y la pobreza, a la par de contar con una estrategia de desarrollo productivo que promueve la asociatividad, la innovación, la productividad y la competitividad.