LocationsOpiniones de los ciudadanos sobre las respuestas al COVID-19 y el futuro de la gobernabilidad en América Latina y el Caribe
30 de Noviembre de 2022
La lucha contra la corrupción emerge con fuerza como la prioridad política número uno para los ciudadanos entrevistados como parte de la encuesta.
En septiembre de 2021, el PNUD en América Latina y el Caribe encargó una encuesta de percepción en 13 países para comprender mejor cómo la pandemia de COVID-19 ha estado influyendo en las opiniones sobre el Estado y el contrato social en la región. Este análisis correspondió a un seguimiento de un ejercicio similar realizado en 2020 y se centró en cuatro áreas principales: evaluaciones de la eficacia y equidad de las respuestas al COVID-19, necesidades de reforma de la gobernanza percibidas a la luz de la experiencia de la pandemia y puntos de vista sobre las prioridades políticas para la recuperación.
Cambio de vistas
En 2020, notamos que la fase inicial de la pandemia no parecía haber generado un apoyo generalizado para la acción ejecutiva sin restricciones, ya que en ese momento los encuestados pedían más (no menos) control gubernamental por un margen significativo. Esto, en general, parece seguir siendo el caso en 2021. Sin embargo, la demanda de una mayor responsabilidad ejecutiva se ha suavizado un poco, en relación con la demanda de una acción gubernamental más libre.
En 2021, el 48 por ciento de los encuestados expresó que en su país se necesitaban mecanismos más efectivos para controlar la acción del gobierno, mientras que el 20,1 por ciento esperaba que el gobierno debería poder actuar con menos limitaciones. En 2021, en el mismo grupo de países, el 44,1 por ciento de los entrevistados exigió una mayor rendición de cuentas del gobierno, frente al 26,6 por ciento que exigió una mayor libertad de acción.
Si consideramos todo el grupo de países encuestados en 2021, la diferencia entre los encuestados que apoyan un mayor control y los que apoyan menos limitaciones es aún menor (15,8 puntos porcentuales, con 42,5 por ciento de los encuestados en el primer grupo y 26,7 por ciento en el segundo).
Los términos de la convención sobre protección de derechos parecen estar cambiando demasiado
En 2020, el 55,4 % de los ciudadanos entrevistados para la encuesta pensaba que su país necesitaba mecanismos más eficaces para proteger los derechos de los ciudadanos, frente al 23,1 % que opinaba que el país necesitaba mecanismos más eficaces para limitar los derechos de las personas “cuando sea necesario para el bien común ”. Por el contrario, en 2021, el 50,4 % de los encuestados apoyó una mayor protección de los derechos de las personas, en comparación con el 30 % que apoyó mayores limitaciones. La brecha entre quienes apoyan una mayor protección y quienes aprueban mayores limitaciones pasó de 32,3 puntos porcentuales en 2020 a 20,4 puntos porcentuales en 2021. La misma tendencia se observa en todos los países cubiertos por las encuestas de 2020 y 2021.
Fuente: Gallup 2020 y 2021. Basado en la pregunta: ¿Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo “La experiencia de la pandemia del COVID-19 ha demostrado lo siguiente: a) frente a importantes desafíos nacionales, en [PAÍS] necesitamos que el gobierno pueda actuar con menos limitaciones; b) frente a importantes desafíos nacionales, en [PAÍS] necesitamos mecanismos más efectivos para controlar la acción del gobierno; c) los mecanismos de control de la acción gubernamental en [PAÍS] son adecuados”.
Fuente: Gallup 2020 y 2021. Basado en la pregunta: ¿Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo?: “La experiencia de la pandemia del COVID-19 ha demostrado lo siguiente: a) en [PAÍS] necesitamos mecanismos más efectivos para limitar los derechos de los ciudadanos cuando sea necesario para el bien común; b) en [PAÍS] necesitamos mecanismos más efectivos para proteger los derechos de los ciudadanos; c) los mecanismos para la protección de los derechos ciudadanos en [PAÍS] son adecuados.”
Un punto clave que surgió del análisis que llevamos a cabo con base en los datos de 2020 fue que la mayor demanda de responsabilidad ejecutiva y protección de los derechos humanos se encontró en los segmentos de la población que se autoidentifican como la clase "media-baja" y "media". Este sigue siendo el caso en gran medida en 2021. Una vez más, se nos recuerda el papel clave que desempeña la clase media (o al menos ciertos segmentos de la clase media) como anclas de la resiliencia democrática.
Prioridades políticas: corrupción, corrupción y corrupción
La lucha contra la corrupción emerge con fuerza como la prioridad política número uno para los ciudadanos entrevistados como parte de la encuesta. El 40,4 por ciento de los encuestados considera la reducción de la corrupción como el cambio más importante para el futuro del país con base en las lecciones aprendidas de la experiencia del COVID-19.
La reducción de la corrupción surgió como la máxima prioridad para los países en 2021 en comparación con 2020, mientras que disminuyó el apoyo a políticas más responsables y más solidaridad entre las personas. También crece con respecto a 2020 el número de personas que eligen “más amplia protección social”, “mejor servicio público” o “más equitativa distribución de la riqueza” como el cambio más necesario en su país.
Fuente: Gallup 2021. En base a la pregunta: Considerando lo que ha pasado con el COVID-19 en el país, ¿cuál de estos cambios considera como el más importante para el futuro de [PAÍS]? a) menos corrupción; b) más solidaridad entre las personas; c) una clase política más responsable; d) protección social más amplia; e) mejores servicios públicos; f) una distribución más justa de la riqueza
Al igual que en 2020, encontramos que una clase social autoatribuida tiene un impacto en las preferencias políticas, con personas que se identifican a sí mismas como clase "alta" más propensas a seleccionar "política más responsable" (y en menor medida "mejores servicios públicos"). ” y “protección social más amplia”) como la máxima prioridad para el país, mientras que las personas que se describen a sí mismas como de clase “baja” o “media-baja” tienden a centrarse más en la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza.
Los datos recopilados a través de las encuestas de 2020 y 2021 confirman las evaluaciones de la pandemia de COVID-19 como un evento con implicaciones significativas para el futuro de la gobernabilidad en América Latina y el Caribe. Como todos los momentos de profunda disrupción, esta crisis vino con oportunidades y desafíos. Por un lado, el COVID-19 brinda una oportunidad para que las autoridades públicas demuestren un fuerte compromiso con la equidad y la capacidad de perseguir efectivamente el bien común frente a la adversidad nacional. Por otro lado, las consecuencias sociales y económicas profundamente negativas de la pandemia corren el riesgo de exacerbar las tensiones preexistentes y reforzar los arraigados sentimientos de injusticia, así como la polarización política.
Todavía no está del todo claro qué lecciones sacarán los ciudadanos de la experiencia de COVID-19 con respecto a las prioridades de reforma de la gobernanza. Sin embargo, es importante señalar que no todos los escenarios posibles implican un cambio hacia instituciones democráticas más fuertes. La lucha contra la corrupción parece ser un punto de entrada muy prometedor para conversaciones nacionales amplias sobre cómo reformar los sistemas de gobernabilidad, con un fuerte enfoque de derechos humanos, pero hay muchas maneras de abordar este tema.
