COVID-19 estalló en un momento en el que varios países de América Latina y el Caribe ya estaban experimentando una tensión social y política significativa como lo demuestra, por ejemplo, la ola de protestas masivas que tuvo lugar en 2019. En muchos sentidos, la pandemia ha expuesto y exacerbado tensiones preexistentes. Sin embargo, también creó una oportunidad de “reinicio” y una apertura para reinventar y transformar modelos frágiles de gobernabilidad y desarrollo.

No hay duda que COVID-19 también es una crisis de gobernabilidad y que, como tal, está teniendo un impacto significativo en las visiones del Estado y el contrato social. Para evaluar este impacto, el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe se asoció con CID Gallup para realizar una encuesta de percepción en 10 países de la región. La encuesta, que abarcó una muestra representativa de aproximadamente 12,000 personas, se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2020. Capta, por tanto, las impresiones de la ciudadanía tras la fase inicial de respuestas nacionales.

El panorama que surge del estudio es de una complejidad significativa e incluye elementos tanto alentadores como preocupantes.

Alguna satisfacción con frustración generalizada

Según los resultados de la encuesta, existe un amplio reconocimiento, en todos los países considerados, de los esfuerzos que han realizado las autoridades para proteger la salud de las personas en circunstancias extremadamente difíciles. De hecho, en siete de los diez países encuestados, una mayoría relativa de personas describió su respuesta sanitaria nacional como algo o muy eficaz. Sin embargo, existe una frustración generalizada por el éxito limitado de las instituciones públicas a la hora de proteger a los hogares del impacto económico de la pandemia. En solo dos de los países considerados, una mayoría relativa de los encuestados describió la respuesta económica como al menos razonablemente efectiva.

Figura 1. Evaluaciones de la eficacia de la respuesta *

No hay eficacia sin equidad

Las evaluaciones de la equidad de las respuestas nacionales resultaron ser significativamente más altas de lo que podría haberse esperado dada la profunda desconfianza en los procesos políticos que prevalece en la región. No obstante, una mayoría relativa de los encuestados (48,6 por ciento) cree que las decisiones tomadas por los gobiernos frente al COVID-19 fueron impulsadas principalmente por los intereses de unos pocos privilegiados. Es importante destacar que las evaluaciones de equidad y las evaluaciones de eficacia parecen estar estrechamente correlacionadas. Los encuestados que sienten que los intereses de los privilegiados influyeron significativamente en la respuesta, también creen que la respuesta terminó siendo ineficaz. De hecho, la justicia percibida parece ser un mejor predictor de la efectividad percibida que las muertes confirmadas por COVID-19.

Figura 2. Evaluaciones de la equidad de la respuesta

¿Signos de resiliencia democrática?

La satisfacción con el funcionamiento de la democracia y el apoyo a la democracia como forma de gobierno han ido disminuyendo en América Latina y algunos países del Caribe durante los últimos años. En este contexto, existe el riesgo que COVID-19 pueda resultar en una intensificación de las tendencias populistas y un retroceso democrático en toda la región. Sin embargo, según los resultados de la encuesta, la fase inicial de las respuestas de COVID-19 no parece haber dado lugar a un apoyo generalizado para la acción gubernamental sin restricciones. Tampoco ha llevado a la gente a pedir mecanismos más eficaces para limitar las libertades individuales. De hecho, cuando se les pidió que comentaran sobre las lecciones aprendidas de COVID-19, la mayoría de los encuestados destacó la necesidad de una mayor (no menor) responsabilidad del gobierno y una protección de los derechos humanos más fuerte (no más débil) en su país.

Figura 3. COVID-19 y lecciones aprendidas para el sistema de gobernanza

Prioridades para el camino a seguir

Los resultados de la encuesta evidencian un amplio consenso entre países y segmentos de población en torno a la necesidad de eliminar la corrupción para permitir una recuperación efectiva y sostenible. De hecho, más de un tercio de los encuestados destaca esto como la prioridad número uno para su país. “Más solidaridad entre la gente” y “un sistema político más responsable” también se ven como las principales prioridades, aunque con un menor nivel de apoyo (21,1 y 18 por ciento respectivamente). Al mismo tiempo, una mirada más cercana a los datos revela importantes diferencias en el establecimiento de prioridades tanto en factores demográficos como en clases sociales, que sin duda requerirán procesos de diálogo inclusivos y efectivos para ser resueltos. Así, parece estar surgiendo una brecha especialmente importante entre los encuestados que se describen a sí mismos como pertenecientes a la “clase media baja” y aquellos que se identifican a sí mismos como “clase alta”.

Figura 4. Prioridades para una recuperación eficaz

El consenso de una serie de consultas de alto nivel sobre gobernabilidad efectiva en nuestra región fue que “si salimos de esta pandemia sin haber establecido parámetros claros que fortalezcan la gobernabilidad efectiva, habremos desperdiciado una oportunidad”. Varias decisiones clave que se tomarán en los próximos meses, por ejemplo, en torno al despliegue de la vacunación o la política fiscal, probablemente tendrán profundas implicaciones para el futuro de la región. Los hallazgos que surgen de la encuesta brindan una línea de base importante para comprender cómo el COVID-19 afectará las percepciones de la gobernanza y las relaciones entre el estado y los ciudadanos en diferentes contextos, pero también un recordatorio de preocupaciones clave a las que se debe prestar una consideración cuidadosa y deliberada en esta coyuntura.